A cuatro años de Milagro Sala en prisión

Mariano Pedrosa / Tiempo Argentino

Durante años la dirigente social Milagro Sala fue símbolo de resistencia y empoderamiento de los sectores más humildes en Jujuy. Aún hoy resulta imposible transitar la provincia y no ver los barrios creados por la agrupación Tupac Amaru, sus tanques de agua con las figuras del Che, de Evita y de Tupac son una muestra de lo que la organización popular con ayuda del Estado pudo lograr: trabajo y dignidad.

Pero en 2015, con la asunción de Mauricio Macri en la Nación y Gerardo Morales en la provincia, Milagro se convirtió en el emblema de todo lo que el establishment político y social odiaba: mujer, pobre, indígena. Milagro Sala se volvió el primer blanco del lawfare en la Argentina.

A sólo diez días de asumir, el radical Morales amplió el Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve miembros. Tres de los nuevos supremos habían votado, horas antes, la reforma de ese mismo tribunal desde sus bancas como legisladores provinciales. Así la política se hizo del Poder Judicial, y quebró uno de los basamentos cardinales de la democracia, la división de poderes. La prensa hegemónica por su parte hacía años que había apuntado contra la dirigente social. Con este combo, comenzó una de las persecuciones judiciales más cruentas en democracia.

Así presentada como modelo de disciplinamiento social, la Justicia jujeña encarceló por primera vez a Milagro el 16 de enero de 2016 por el acampe en una plaza frente a la Casa de Gobierno. La causa fue anulada, pero luego le sumaron otras para asegurar que siguiera detenida. Dos días antes de que cumpliera tres años de prisión preventiva, límite para estar detenida sin condena y a punto de ser excarcelada, la sentenciaron a 13 años de prisión en la causa “Pibes Villeros”. En ese proceso, denunciado por todo tipo de irregularidades y que se encuentra en etapa de apelación, se condenó a Sala y otros miembros de la Tupac por el supuesto desvío de fondos para viviendas.

La otra causa en la que se emitió condena, aunque también está apelada, es por un escrache en 2009 en el que se arrojaron huevos a Morales. Lo más curioso de esta última es que Milagro ni siquiera se encontraba en el lugar, y otro dirigente social admitió ser el promotor de la acción.

El constitucionalista Eduardo Barcesat expuso esta semana en una entrevista: “El caso de Milagro Sala es uno de los más dolorosos y más brutales: Milagro ha sufrido una persecución judicial que debe ser examinada y juzgada a nivel de un tribunal ético. Esto nunca más puede repetirse en la Argentina. Los integrantes de esta agrupación que han sido hostigados deben ser liberados con urgencia”.

Desde la organización Tupac, cuyos integrantes desde el miércoles se encuentran acampando en el Obelisco porteño bajo la consigna “Con presos y presas políticas no hay democracia”, definen los casos contra Milagro y sus compañeros como una caza de brujas: “Con la mayoría propia en el Superior Tribunal de Justicia, y en todo el sistema judicial, iniciaron una cacería para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos. Las acciones represivas del Poder Judicial no se dirigen sólo a los opositores políticos acusados de actos de corrupción, sino también hacia sus propios representantes legales. Tanto Paloma Álvarez Carreras como Luis Paz, ambos integrantes del equipo de defensa de Milagro y otros tupaqueros y tupaqueras, recibieron sanciones, traducidas en la aplicación de multas y en la amenaza de la suspensión de la matrícula profesional”.

Iván Wrobel, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, sostuvo: “Milagro y los integrantes de la Tupac Amaru fueron detenidos porque no le perdonaron haber cambiado la vida de muchos ciudadanos de Jujuy”, y remarcó: “De la mano de Morales, la provincia se convirtió en el laboratorio represivo de Cambiemos en el país”.

Las otras dos causas que se armaron son la llamada “Las bombachas”, en la que se la acusaba por una serie de llamados intimidatorios a la seccional 56 de la Policía provincial. Fue absuelta en primera instancia pero la sentencia fue recurrida en Casación. También fue absuelta en la causa denominada “Balacera de Azopardo”.

La respuesta de la que hasta hace poco fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia ante la pregunta de si había posibilidad de que liberasen a Milagro Sala resume la posición de la Justicia jujeña: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre”. Y explica por qué su abogada, la ahora ministra Elizabeth Gómez Alcorta, caracterizó de éste modo al Poder Judicial jujeño: “No tenemos esperanza de ni una cuota de luz de justicia”.