Radioaficionado bajo sospecha será trasladado hoy nuevamente al juzgado para ser sometido a una pericia de voz, que será contrastada con la que se oye en grabacionesintimidatorias a Cristina.
Mala onda. Un radioaficionado de 60 años fue detenido como presunto autor de las interferencias con mensajes amenazantes e insultos registradas el 11 de diciembre pasado en el helicóptero donde viajaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En efecto, se trata de Néstor González, apresado anteayer en su casa de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y quien ayer se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, según informaron varias fuentes judiciales.
Tras pasar su primera noche detenido e imputado, poco después de las 14 el radioaficionado llegó esposado al juzgado en el tercer piso de los tribunales del barrio porteño de Retiro.
Asesorado legalmente por la defensora oficial Silvia Otero Rella, se negó a prestar declaración indagatoria en un breve trámite tras el cual quedó alojado en la comisaría 28.
En este marco, hoy será trasladado nuevamente al juzgado para ser sometido a una pericia de voz, que será contrastada con la que se escucha en las grabaciones de las interferencias.
La defensa pidió la excarcelación, algo sobre lo cual debe dictaminar el fiscal Eduardo Taiano y luego resolverá Lijo, quien se tomará el día de plazo del que dispone antes de resolver.
Al dar sus datos personales en la indagatoria, el detenido aseguró ser “técnico en computación” y se limitó a decir que por ello tenía en su casa tantos equipos informáticos.
En un legajo de antecedentes en poder del juzgado figura que, el imputado, además sería “técnico mecánico en aviación civil” y por el momento no surgieron vínculos con fuerzas de seguridad ni antecedentes penales.
Es preciso recordar que González ya fue sancionado por la Comisión Nacional de Comunicaciones por episodios similares al ocurrido con el helicóptero presidencial.
En principio, está imputado por el artículo 194 del Código Penal que castiga con prisión de tres meses a dos años a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere o estorbare el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
La investigación judicial busca confirmar en primer lugar si González fue quien profirió los insultos y amenazas y luego, establecer si actuó de manera “aislada y personal” o hay “posibilidad de que esté vinculado con otros grupos”, indicaron desde tribunales.
Para ello se ordenaron cruces telefónicos y pericias a varias computadoras secuestradas en su vivienda de Monte Grande.
En el procedimiento, a cargo de la división Seguridad Interior de la Policía Federal, se secuestraron equipos de comunicación para interferir comunicaciones y “otras pruebas que lo vinculan” al episodio sucedido el 11 de diciembre último.
Ese día se detectaron cinco interferencias cuando el helicóptero H-03 de la flota presidencial llevaba a la primera mandataria desde la Residencia de Olivos a la Casa de Gobierno.
Además, se encontraron antenas portátiles, direccionales y fijas, equipos de comunicación y grabaciones clandestinas de conversaciones de la torre de control del Aeroparque porteño y dos armas: una escopeta calibre 12 y un revólver, del cual no se conocen detalles.
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