A ocho años de los hechos, se viene el juicio a 21 policías de Santa Fe por torturar a siete jóvenes en las Cuatro Plazas

El miércoles 18 de febrero a las 8 hs en el Centro de Justicia Penal (Mitre 2851) comenzará el juicio por los hechos ocurridos hace ocho años en las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas, zona oeste de Rosario. El hecho bien puede ser considerado como un caso de violencia institucional que exhibe prácticas sistemáticas del abuso policial en democracia: tormentos, amenazas y abuso sexual.

Todo sucedió el viernes 23 de marzo de 2018. Siete jóvenes se encontraban en las Cuatro Plazas, cuando fueron sorprendidos por una gran cantidad de efectivos policiales que llegaron al lugar. Entre agentes, patrulleros y chatas, contabilizaban veinte integrantes de la fuerza, que entre insultos y violencia aprehendieron a los jóvenes para requisarlos contra los móviles.

Ante la consulta por parte de unos de los chicos del por qué de este accionar, la respuesta fue un balazo de goma a su pierna y amenaza a punta de pistola. En una actitud defensiva, uno de los jóvenes logró eludir la violencia desplegada. Pero a pocos metros del lugar fue interceptado por una docena de agentes que lo tiraron al piso, golpearon salvajemente, esposaron y le cortaron sus rastas con un cuchillo.

Con los jóvenes detenidos, el periplo hasta la Comisaria 14 fue tortuoso para ellos: amenazas de violación, de ejecución y abandono en una zanja, de plantación de drogas y armas a sus cadáveres.

En la Comisaria 14 las agresiones continuaron. Los efectivos policiales humillaron a uno de los jóvenes, obligándolo a desvestirse y «dar una vueltita». Luego de dejar que se vistiera, uno de los agentes apoyó su pene sobre los glúteos del joven, en una actitud claramente abusiva y humillante. Por estos dos hechos, está acusado de abuso sexual.

En noviembre de 2025, y luego de numerosos pedidos de la querella, el Poder Judicial puso fecha para el inicio del juicio, donde deberán responder las imputaciones por apremios ilegales, robo, falsear actas de procedimiento y por incumplir deberes. Las condenas previstas están entre 5 y 12 años de prisión, entre otras sanciones.

Federico Pagliero, abogado querellante e integrante del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señaló en noviembre pasado en dialogo con El Ciudadano que «las víctimas tuvieron que pasar por muchísimas circunstancias de persecuciones, de amedrentamientos, de amenazas. Por eso es importante que haya celeridad procesal y tanto las víctimas como la sociedad pueda tener un juicio digno. Se trata de acceso real a la Justicia. Las víctimas van a tener que volver a poner el cuerpo y es importante el acompañamiento de la sociedad, de las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, estudiantiles porque estos casos no pueden volver a suceder y ocurren una y otra vez con jóvenes en diferentes ciudades de del país, donde existe la violación sistemática a los derechos humanos«.

«Los agentes tuvieron sus prisiones preventivas y luego quedaron en libertad. Incluso hoy siguen trabajando en la fuerza a pesar del pedido al Ejecutivo de que no lo hagan y pasen a disponibilidad por este antecedente. Fueron dos años muy complicados de acompañar a los chicos y de sostener la importancia de que lleguen estos juicios», añadió el abogado.