Andrés Lisandro Saavedra está desaparecido desde enero pasado y sigue sin aparecer, pero su familia nunca dejó de buscarlo. Tienen una teoría de lo que le pudo haberle pasado: la versión sostiene que, tras un hecho de robo, Saavedra fue emboscado por un padre y dos hijos, todos ellos policías, y en ese contexto fue asesinado. Este martes, tras dos allanamientos, el mayor del trío y uno de sus hijos fueron detenidos y serán acusados formalmente por el crimen del joven, cuyos últimos años estuvieron marcados por los consumos problemáticos.
La familia Saavedra
Andrés Lisandro Saavedra, de 24 años, salió de su casa de barrio Godoy y no se supo más de él. En una publicación de Facebook, su hermano Javier contó a mediados de febrero que hacía casi un mes que el joven estaba desaparecido: “Ni yo ni mis familiares podemos hacer nada por sus malas decisiones. El mundo de las drogas es así, dolorosamente. Lo último es dejar que fluya y asumir lo que es esa persona. Hemos hecho lo imposible por salvarlo y no hubo caso, solo tener la conciencia de lo que pudiese pasarle. Y bueno, asumimos que él no aparece, no viene, y él no es de desaparecer así”.
El posteo muestra la preocupación de una familia de laburantes que atraviesan una problemática de salud mental con uno de sus integrantes y lo que ello conlleva. Pero además ponen la lupa en la violencia institucional de la que, según la hipótesis principal del caso, supone un asesinato cometido por integrantes de la fuerza de seguridad.
El posteo dice que los padres criaron a sus hijos de la mejor manera: “Pero también saben lo que es mi hermano y el camino que eligió. Solo pedimos con caridad y con respeto que el que quiera compartir y aportar por su paradero, es de suma ayuda…”.
https://www.facebook.com/share/p/17y9W5wJKA/
Durante todos estos meses la familia no claudicó y en julio, mediante un video en redes sociales, su hermano contó la teoría que tienen sobre el crimen a manos de unos vecinos que son policías. Dos días después del video hubo una manifestación en el barrio reclamando justicia por Saavedra.
Investigación penal
La fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, le dio sustento a la teoría de homicidio de la familia y pidió el allanamiento de dos casas —Rivarola al 7400 y Garay al 5100—, lo que se concretó este martes por la noche. En los procedimientos detuvieron a Cristian B., un policía exonerado por estar involucrado en investigaciones penales en Venado Tuerto, y a su padre, el policía retirado Pedro B.
https://www.facebook.com/share/v/19HL2NwgNg/
La audiencia imputativa está prevista para la semana que viene y será por el delito de homicidio, refirió la fuente consultada.
Detención e imputación
Javier habló este jueves con el periodista José Maggi en el programa «Trascendental» de LT8 y aseguró que están contestos porque se dio rápido. Nosotros nos enteramos (de los procedimientos) el martes al mediodía, dijo. Contó que la investigación sigue y van a imputar a los detenidos por homicidio doloso. Resaltó que esperan la aparición del cuerpo.
El joven dijo en el programa de radio que es posible que la difusión de la denuncia pública que hizo por Facebook haya ayudado a que aparezca más evidencia.
En cuanto a su hermano dijo que el consumo problemático “lo llevó a querer hacer esas cosas lamentablemente. Nosotros tratábamos de ayudarlo y apoyarlo. La verdad que es muy doloroso lo que le pasó por la maldita droga que arruina muchos jóvenes y posiblemente habrá sido por eso. Capaz estaba bajo los efectos de las drogas, la verdad duele mucho”.
Pasado pesado
La detención de Cristian B. pone bajo la lupa sus antecedentes dentro de la fuerza. El ex policía había sido condenado por un caso de extorsión cometido en Venado Tuerto el 11 de junio de 2022. De acuerdo con la investigación, junto al agente Emiliano Herraez interceptó a dos jóvenes que circulaban en motocicleta y, bajo la excusa de realizar un control policial y la amenaza de involucrarlos en una causa penal, les exigieron el dinero que llevaban encima. Aunque las víctimas se negaron inicialmente, los policías lograron apoderarse de 25 mil pesos.
Por ese episodio, ambos aceptaron condenas mediante procedimientos abreviados. El ahora detenido recibió una pena de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años, sanción que derivó en su exoneración de la Policía de Santa Fe. Herraez fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años.
Accionar repetido
Los casos de violencia institucional se suman en las crónicas policiales. Nueve integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) fueron detenidos este año por orden del fiscal Pablo Socca y la Dirección de Asuntos Internos, acusados de haber atacado brutalmente a un hombre de 42 años en el barrio Parque Casas y de haber armado una causa falsa para encubrir el hecho.
El episodio ocurrió en mayo de 2024. Según la versión oficial que redactaron los propios agentes en el acta del procedimiento, la patrulla perseguía a un grupo de sospechosos con una mochila, y la víctima se había prendido fuego de manera accidental al intentar quemar el bolso dentro de una vivienda.
Sin embargo, los peritajes y el testimonio de la víctima derrumbaron esa narrativa. La investigación determinó que los efectivos atacaron al hombre, lo rociaron con alcohol y lo prendieron fuego de manera intencional. La víctima sobrevivió tras permanecer internada durante meses en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), aunque quedó con severas secuelas físicas y psicológicas permanentes.
Con los elementos reunidos, la Justicia concluyó que la versión del «accidente» fue una pura fabricación para ocultar la agresión, lo que derivó en la detención de los nueve implicados.
Santa Fe: detención ilegal, golpes y muerte bajo custodia en la Comisaría Octava
En paralelo, en la ciudad de Santa Fe, la jueza Cecilia Labanca dictó la prisión preventiva para cuatro de los seis efectivos del Comando Radioeléctrico imputados por la muerte de Mauro Daniel González, de 35 años, ocurrida tras un operativo en la vía pública.
El hecho investigado ocurrió el 17 de enero de este año. González se encontraba en la puerta de su casa en el barrio Chaco y Hermanos Figueroa atravesando una «crisis subjetiva» vinculada al consumo de sustancias. Tras llamados de vecinos al 911, los agentes acudieron al lugar, lo esposaron y lo cargaron en la caja de una camioneta policial.
De acuerdo con la hipótesis que sostiene el fiscal Ezequiel Hernández, durante el trayecto hacia la sede policial los agentes detuvieron los móviles y golpearon a la víctima. Horas más tarde, mientras permanecía alojado en la Comisaría Octava (actual Estación Norte), se constató su fallecimiento. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una broncoaspiración de sus propios fluidos.
En su resolución, la jueza Labanca puso el foco en la ilegitimidad del accionar policial desde el primer minuto: cuestionó en carácter de qué se privó de la libertad a González si no estaba cometiendo ningún delito y remarcó que la víctima estuvo bajo total custodia del Estado hasta el momento de su muerte.
La causa quedó caratulada como tortura seguida de muerte. Los policías Facundo Sebastián Amarillo, Lucas Aranda, Melisa Díaz y Sebastián Daniel Bardinali continuarán la investigación tras las rejas, mientras que otros dos agentes recuperaron la libertad, aunque siguen vinculados al proceso.
Consumo problemático
La epidemia a nivel mundial que vincula a las personas con el consumo de drogas sigue creciendo. Un comunicado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, emitido en junio pasado, resaltó una estimación del consumo de drogas a nivel mundial: “Se estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, es decir, el 6,2 % de la población mundial de entre 15 y 64 años, frente al 5,2 % de 2014. El cannabis sigue siendo la droga más consumida, con 256 millones de usuarios en 2024, seguido de los opioides (63 millones), las anfetaminas (32 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones)”.
Y agrega: El consumo de drogas puede asociarse con delitos de tipo adquisitivo, violencia en el seno de las familias y grupos sociales, y la victimización de quienes consumen drogas. Sin embargo, estos resultados también están influidos por factores más amplios, como el contexto del consumo, los antecedentes personales de las personas implicadas —pobreza, falta de hogar o problemas de salud mental— y factores contextuales de la comunidad, como la posible falta de acceso a tratamiento de drogodependencias y servicios sociales. Dichos factores representan también puntos de entrada para las iniciativas de intervención y prevención.
