El abogado de la familia de Juan Cruz Vitali, Guillermo Campana, dio a conocer un panorama de la investigación por la ejecución cometida en mayo de 2019 en Capitán Bermúdez. Indicó que sólo queda que se lleve a cabo la audiencia preliminar contra los cuatro policías, incluido el principal acusado, el comisario Sergio “Chamuyo” Di Franco
La ejecución de Juan Cruz Vitali (23) asesinado por «gatillo fácil» el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez, se encamina finalmente a la etapa de juicio oral. A seis años del asesinato, su familia espera que se fije la audiencia preliminar, en la que se formalizarán las acusaciones contra cuatro policías. El abogado querellante, Guillermo Campana, detalló la situación de la causa en una entrevista con el programa Trascendental de LT8.
Campana explicó que la investigación, que se extendió por un largo período debido a maniobras de encubrimiento policial, está en manos de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes lograron avanzar tanto en el caso del homicidio como en el del encubrimiento. «Se espera que en las próximas semanas se fije la audiencia preliminar, donde estas acusaciones serán presentadas ante un juez», afirmó.
Campana describió los últimos minutos de vida de Vitali, de 23 años. El joven, que había salido de un boliche con su novia, chocó con un cono de un control de tránsito y se retiró del lugar. Esto desencadenó una persecución por parte de dos móviles policiales.
La situación se volvió violenta rápidamente: los uniformados comenzaron a disparar contra el vehículo. Aterrado, Juan Cruz se dirigió a la casa de su tía para buscar refugio.
Sin embargo, uno de los policías que lo perseguía, identificado como el comisario Sergio “Chamuyo” Di Franco, gatilló dos veces.
El primero de los disparos impactó en una reja y terminó atravesando la heladera, mientras que en el segundo, la bala impactó en la nuca del joven cuando trataba de refugiarse en el domicilio.
La investigación se extendió por seis años debido a una serie de maniobras de encubrimiento que, según Campana, fueron orquestadas por la cúpula de la Unidad Regional XVII (URXVII), del departamento San Lorenzo.
Estos uniformados, aprovechando su jerarquía en la Regional del Cordón Industrial intentaron redireccionar la pesquisa para que el homicidio cometido por Di Franco fuera considerado un «accidente».
En 2019, la causa quedó a cargo de la fiscal Melisa Serena por razones de jurisdicción hasta 2021 donde la tomaron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Fue en ese entonces que tomó ribetes que dejaron al desnudo una cadena de encubrimientos entre los principales jefes de la URXVII que comandaba Gonzalo “Chino” Paz, en cuya jurisdicción cometieron el crimen y en la cual prestaba servicios Di Franco, para que todo pasara como un “accidente”.
Campana recordó que los fiscales llegaron a esta trama luego de que secuestraran el celular del jefe de la plana mayor de la URXVII, Gustavo Spoletti, en el marco de otra causa relacionada con el narco Esteban Alvarado.
La información hallada reveló la coordinación entre los policías con el fiscal Gustavo Ponce Ashad -luego condenado por cobrar coimas-, que llegaban incluso a entregar información a los abogados defensores de Di Franco antes que a la primera fiscal de la causa.
Lo que buscó Spoletti fue primero atenuar la prisión preventiva de Di Franco y luego que fuera liberado.
En agosto de 2023, Spoletti reconoció su responsabilidad en estas maniobras al aceptar un juicio abreviado que lo condenó a la ínfima pena de tres años de prisión por los delitos de lavados de activos, ya que falseó la venta de una casa con la mano derecha del capo narco Esteban Alvarado para justificar su patrimonio, y por encubrimiento, al intentar favorecer a Di Franco en el crimen de Juan Cruz Vitali.
El abogado de la familia confirmó que las acusaciones en la audiencia preliminar serán presentadas contra cuatro policías:
El avance de esta causa, que en su momento fue considerada un caso paradigmático de corrupción policial, abre una puerta para la familia de Juan Cruz Vitali encuentre algo de alivio, ya que ha esperado durante seis años para que los responsables de su asesinato y su encubrimiento rindan cuentas ante la Justicia.
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