A un año de las primeras muertes por fentanilo adulterado: balance judicial, deudas políticas y familias que siguen esperando respuestas

El 13 de mayo de 2025 se radicó formalmente la denuncia judicial que dio origen a la causa por el fentanilo adulterado. La primera víctima documentada en el expediente del juez federal Ernesto Kreplak es Renato Nicolini, un joven de 18 años que falleció el 5 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata tras recibir 90 dosis del anestésico contaminado. Sin embargo, entre los familiares que hoy integran la comunidad de familiares de víctimas hay casos anteriores.

El caso del fentanilo adulterado es una de las mayores crisis sanitarias de la historia argentina. La Justicia Federal confirmó 111 víctimas fatales en todo el país y al menos 48 personas que sobrevivieron a la infección pero arrastran secuelas físicas y psicológicas. Santa Fe concentra 49 de esos fallecimientos, la mayoría en Rosario. Desde aquel momento, las familias vienen denunciando la falta de información y el destrato en el sistema de salud, además de las historias clínicas incompletas que hasta hoy complican la investigación judicial.

La causa que instruye el juez Kreplak tiene actualmente 14 procesados. Entre ellos se encuentran el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, Ariel García Furfaro; su hermano Diego; su madre Nilda Furfaro, con prisión domiciliaria; y el director técnico José Maiorano, cuya prisión preventiva fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Todos enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales, con penas de entre 10 y 25 años de prisión. La investigación determinó que los lotes contaminados, identificados como 31.202 y 31.244, se fabricaron con graves falencias en los controles de calidad y que, pese a alertas previas, no se tomaron medidas para corregirlas.

Tres gestiones sin respuestas concretas

Mientras la Justicia avanza, el vínculo de las familias de las víctimas con el Estado provincial presenta un panorama de gestiones abiertas con distintos niveles de respuesta.

La primera gestión fue el 11 de diciembre del año pasado, cuando las familias solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro. Pasaron más de tres meses y el pedido no fue respondido.

La segunda se canalizó a través de la Defensoría del Pueblo. El 10 de enero, la directora del Centro de Asistencia a la Víctima, María Laura Pasquero, informó que el organismo había solicitado una reunión con la ministra de Salud, Silvia Ciancio, para abordar el cumplimiento de la Ley Nacional de Derechos del Paciente. La respuesta del Ministerio llegó y la reunión se pautó para febrero, pero nunca se realizó. Consultada por El Ciudadano sobre el estado de esa gestión, Pasquero señaló: «Estamos en eso», en referencia a las gestiones para reprogramar el encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud.

La tercera fue una carta presentada por la Comunidad de Familias Fentanilo Rosario – Justicia ante la Cámara de Diputados el 18 de febrero, en la que solicitaron el tratamiento de una Ley Integral de Salud y Trazabilidad de Medicamentos y denunciaron las dificultades para acceder a las historias clínicas de sus familiares, entre otros temas.

En ese punto, fuentes de la Legislatura consultadas por El Ciudadano señalaron que el proyecto de trazabilidad que impulsaban las familias, y que ya tenía media sanción del Senado, encontró alguna resistencia en especialistas consultados, quienes coincidieron en que es un tema que corresponde abordar mediante una ley nacional, no provincial. No obstante, las mismas fuentes indicaron que sectores de distintos partidos están armando proyectos para una ley integral de salud que contemplan algunos de los aspectos señalados por los familiares, aunque sin precisar plazos ni detalles de los contenidos.

El problema de fondo: las historias clínicas que frenan la investigación

Uno de los puntos centrales que las familias señalan desde el inicio es la dificultad para acceder a las historias clínicas completas. Ese problema no es solo administrativo: tiene impacto directo en la causa judicial.

A finales de enero, el juez Kreplak remitió 159 casos al Cuerpo Médico Forense. En muchos de ellos, los peritos no pudieron establecer un vínculo microbiológico concluyente porque, según advirtieron, «esos datos no fueron asentados en las historias clínicas». La falta de registros precisos impide probar que la infección vino del fentanilo, lo que puede afectar la calificación de los delitos y, eventualmente, las penas. Ese punto fue precisamente el que la Defensoría del Pueblo quiso llevar al Ministerio de Salud en la reunión que aún no se concreta. «Hay una reticencia por parte de los efectores de salud a entregar las historias clínicas, que es histórica», señaló Pasquero en enero.

La falta de control, un problema que se repite

Pocos días atrás, un nuevo escándalo expuso la misma fragilidad que las familias denuncian. El anestesiólogo Alejandro Zalazar fue hallado muerto en su departamento de Palermo por una sobredosis de propofol y fentanilo. La investigación determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde dos profesionales fueron imputados por administración fraudulenta. Según la investigación, los robos se extendieron al menos desde 2023 y los fármacos se utilizaban en las llamadas Propo Fest, reuniones clandestinas donde se suministraban dosis de anestésicos robados con fines recreativos. Para las familias de las víctimas del fentanilo, este caso confirma que el sistema de control de medicamentos de alto riesgo sigue siendo frágil.

El rol de la AGN y la comisión investigadora en Diputados

Por fuera de la causa judicial, la Auditoría General de la Nación decidió incluir en su programa anual una auditoría sobre los sistemas de alerta y control de la Anmat, con foco en el período 2023-2025, y convocó a familiares de víctimas a un taller de planificación. El encuentro se realizó el jueves 26 de marzo en la sede del organismo, con la asistencia de unas 50 personas entre familiares, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, una de las víctimas fatales, explicó que «la idea de enmarcar esta auditoría en la gestión de la Anmat desde 2023 a 2025 fue justamente por el fentanilo. La idea es revisar qué pasó y cuáles pueden ser las mejoras que se podrían hacer para que nunca más vuelva a pasar algo así».

En el Congreso Nacional, la investigación parlamentaria sobre el fentanilo adulterado ya tuvo un desarrollo concreto. El 24 de septiembre de 2025 se conformó, por unanimidad, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado en la Cámara de Diputados de la Nación. La comisión quedó presidida por la diputada nacional por Santa Fe Mónica Fein, con Silvana Giudici como vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz como secretaria.

El 3 de noviembre del año pasado la comisión sesionó en el Concejo Municipal de Rosario, en el recinto del Palacio Vasallo, donde expusieron 12 familiares de víctimas. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, estuvo presente y reafirmó el compromiso del cuerpo legislativo local: la Municipalidad de Rosario se constituyó como querellante en la causa federal, y el Concejo Municipal brindó asesoramiento y acompañamiento a los familiares en su reclamo de justicia.

El 2 de diciembre de 2025, la comisión presentó su informe final con 20 recomendaciones para prevenir futuras crisis sanitarias. Entre las principales se destacan: establecer criterios de idoneidad para responsables de laboratorios que produzcan opioides, implementar un sistema de trazabilidad inalterable desde la producción hasta la administración al paciente, mejorar los mecanismos de alerta sanitaria con niveles de gravedad, fortalecer la Anmat mediante una ley que le otorgue marco normativo, y garantizar los derechos de las víctimas con recursos suficientes para el Centro de Asistencia a las Víctimas. Al presentar el informe, Fein sostuvo: «Queremos que haya un antes y un después, donde cambie para siempre el sistema de producción de medicamentos, el sistema de control, el control de la calidad de las clínicas, sanatorios y hospitales que prestan salud, que cambie el acompañamiento a las víctimas y el rol del Estado para evitar a futuro nuevas situaciones».

Hacia adelante

La causa judicial podría elevarse a juicio oral a mediados de 2026, según estimaciones de fuentes judiciales.

En materia de trazabilidad todavía no hay definiciones. En Santa Fe, el proyecto del senador Ciro Seisas obtuvo media sanción en noviembre de 2025, pero en Diputados encontró resistencias. A nivel nacional, la comisión investigadora que presidió Mónica Fein incluyó entre sus 20 recomendaciones la creación de un sistema nacional de trazabilidad inalterable, aunque ese proyecto aún no fue presentado formalmente en el Congreso.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo nacional, cuyo ministro de Salud Mario Lugones no asistió a las reuniones de la comisión investigadora, avanzó con medidas complementarias: la Disposición 6223 de la Anmat incorporó el fentanilo y otros estupefacientes al Sistema Nacional de Trazabilidad, revirtiendo una exclusión que venía desde 2016. Pero la norma tiene límites: es una disposición administrativa que puede ser cambiada por otra, como ocurrió en 2016, no es una ley; y su adhesión por parte de las provincias es voluntaria.

Los familiares siguen esperando respuestas sobre el pasado y, especialmente, sobre el futuro, para asegurar que esta tragedia sanitaria no vuelva a ocurrir. Por el momento, el peligro sigue latente.