Dio de baja el sistema de evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para las operaciones de comercio exterior. Había sido creado en 2018 tras detectar numerosos "sellos" comerciales sin respaldo patrimonial utilizados para evadir tributos, Si "no hay plata", habrá menos
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dio de baja el sistema de evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para las operaciones de comercio exterior. Según el argumento oficial, es para simplificar la tramitación de importaciones y «garantizar la transparencia» en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En rigor, el esquema fue establecido en 2018 mediante la resolución 4.294 para fiscalizar que las operaciones que realicen los contribuyentes «se ajusten a su capacidad contributiva declarada», ya que se habían detectado «numerosos casos de creación y registración de sociedades comerciales efectuadas por organizaciones, con el objetivo de simular una situación fiscal o patrimonial distinta a la real, para desarrollar actividades u operaciones ilegales». Las famosas sociedades offshore, que con el gobierno de javier Milei vuelven ahora a tener vía libre.
La Resolución General 5478/2024 que diluye los controles fue publicada este miércoles en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial que a su vez modifica parcialmente la resolución conjunta de la Afip y la Secretaría de Comercio 5466 del 22 de diciembre del año pasado.
«La medida profundiza la simplificación del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) con el objetivo de garantizar la transparencia del comercio exterior», destacó el organismo en un comunicado, en el que también se remarcó que «de este modo, el Sistema CEF funcionará exclusivamente a efectos estadísticos».
La decisión es una de las primeras de la nueva conducción de la Afip, a cargo de la abogada tributarista Florencia Misrahi, que integra el estudio Lisicki & Litvin que representó a Susana Gímenez en la causa que la investigaba por una evasión fiscal valuada en su momento, 2022, en 50 millones de pesos. Antes, estuvo a cargo durante una década del departamento de impuestos de la empresa cerealera y agroexportadora Cargill, con responsabilidades en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. También se desempeñó en otras firmas de abogados: Beccar Varela, Arthur Andersen & Co. y Pistrelli Díaz y Asociados.
Entre los argumentos para relajar la detección de sociedades truchas para evadir impuestos, en el mejor de los casos, la resolución de este miércoles indica que «los sistemas estadísticos de importación deben ser simples, eficientes, transparentes y previsibles, ajenos a toda discrecionalidad, garantizando de este modo las reglas internacionales establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC)».
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