Exigen a la presidenta Dilma Rousseff que frene la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Xingú.
Líderes aborígenes y ecologistas se reunieron ayer en Brasilia para reclamar a la presidenta, Dilma Rousseff, que suspenda el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, sobre el río Xingú, en la Amazonia.
“Nosotros vemos esta propuesta del gobierno de llevar adelante la construcción de Belo Monte como ofensa a nuestros pueblos”, dijo uno de los representantes de las parcialidades originarias de la región de Xingú, Karepy Juruna.
“No queremos Belo Monte. Si el gobierno acepta escucharme, quiero pedir que no construyan la planta”, dijo el líder de la nación Caiapó Txucarramae, Raoní, quien se volvió conocido en la década del 80 por su amistad con el cantante británico Sting.
Raoní fue uno de los líderes autorizados a entregar a un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia una carta con medio millón de firmas que pide a Rousseff renunciar a la construcción de la central hidroeléctrica, que sería la tercera más grande del planeta después de las de Tres Gargantas, en China, y de la paraguayo-brasileña de Itaipú.
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales Avaaz y Movimento Xingú Vivo para Sempre lideraron la campaña de recogida de firmas, que pide a Rousseff interrumpir el desarrollo de Belo Monte, iniciada por su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, y considerada como un proyecto “desastroso”.
La planta de 11.233 megavatios, cuyo costo es estimado por el gobierno en unos 11.000 millones de dólares, será construida sobre el río Xingú cerca de la ciudad de Altamira, en el amazónico estado de Pará, y su entrada en operación está prevista para el año 2015.
Por otra parte, según los ambientalistas, representará un desastre para la región aledaña a Altamira: “Belo Monte hará secar 100 kilómetros del Xingú, un río que tiene tres veces más especies de peces que toda Europa, y que alimenta a miles de personas”, sostuvo Raúl Silva Telles, del Instituto Socioambiental (ISA).
En tanto, el gobierno brasileño, aseguró que el proyecto original fue modificado y que su impacto sobre las poblaciones indígenas y ribereñas de la región será mucho menor que lo que temen los ambientalistas.
Además, el Ministerio de Minas y Energía sostiene que la obra generará más de 20.000 empleos y que la central producirá energía suficiente para abastecer a la región, donde viven 25 millones de personas.
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