El Tribunal Oral Federal de Santa Fe consideró que no había pruebas suficientes para condenarlos. Ambos estaban detenidos desde mediados de 2016, imputados por la desaparición de Maximiliano Sosa, a quien se vio por última vez el 21 de diciembre de 2015, cuando tenía tres años
La abuela de un niño que desapareció hace cinco años en la ciudad de Ceres y que estaba detenida al igual que su pareja por la presunta sustracción del menor fue absuelta por la Justicia Federal de Santa Fe debido a que no se encontraron pruebas suficientes en su contra, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Patricia Sayago y Ariel Malagueño, quienes estaban detenidos desde mediados de 2016, imputados por la desaparición de Maximiliano Sosa, a quien se vio por última vez el 21 de diciembre de 2015, cuando tenía tres años.
Ambos llegaron al debate oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe procesados del delito de «sustracción de persona menor de 10 años» y el fiscal Martín Suárez Faisal había solicitado una pena de 7 años de prisión para los dos.
Pero el tribunal, integrado por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello consideró, al cabo de tres jornadas y el testimonio de alrededor de 50 testigos, que no había pruebas suficientes para condenarlos.
El caso se inició el 15 de diciembre de 2015, cuando Daniela Sosa, madre de Maxi, lo dejó al cuidado de su abuela, debido a que no se sentía bien, ya que estaba cerca de ser internada para dar a luz.
Esa fue la última vez que Sosa vio a Maxi, y a partir de la denuncia por la desaparición del niño comenzó una búsqueda desesperada, no solo en Ceres sino en toda la región.
Desde el principio la hipótesis que cobró mayor fuerza fue que el nene había caído en manos de una organización de trata de personas.
Sayago fue detenida en julio de 2016 e imputada junto a Malagueño por haber sustraído a su nieto y desde agosto de ese año ambos estuvieron detenidos con prisión preventiva.
La causa pasó a la esfera de la Justicia Federal en junio de 2018 por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que entendió la factibilidad de que el niño haya sido vendido a un conocido de su abuela.
Ese hombre, cuyas iniciales son PAP, quedó imputado por trata de personas el 27 de septiembre de 2019 y será sometido a juicio en una fecha a determinar.
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