Acceso a la información pública: más límites, menos transparencia, mucho secreto y oscurantismo

Una vez más el gobierno de Javier Milei se arroga facultades de monarca totalitario: ahora decidió decirle al conjunto de la ciudadanía sobre qué puede preguntar o no, y qué le van a contestar quienes son sujetos obligados en virtud de la existencia en nuestro país de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el 780/24, firmado por Milei y su ministro Guillermo Francos, se modifica la Reglamentación de la ley destinada a fomentar la transparencia, la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Ahora, este nuevo decreto, va hacia la cultura del secreto y el oscurantismo, el gobierno ya no podrá hablar de transparencia.

Entre la ciudadanía afectada se encuentran los periodistas para quienes la ley posibilitaba un importante insumo de trabajo con apoyo en el principio constitucional de la publicidad de los actos de gobierno: de aquella expresión histórica en cuanto a que ‘el pueblo quiere saber de qué se trata’ y el logro de la ley en 2016, para acceder según lo prevén los estándares internacionales a la información que se genera en los tres poderes del Estado, a la regresión que significa la obsesión de Milei por controlar quien maneja la información. Así surge, entonces, este ‘chiquero’ reglamentario, hecho a medida para informar sobre lo que al Ejecutivo le parezca conveniente. ¡Totalmente repudiable!

Es importante decir que la ley ya contaba con excepciones acerca de las que no se obtendría información: vale como ejemplo lo que hace a la seguridad nacional. Pero el decreto 780/24 brinda nueva interpretación sobre el concepto de Interés público y deja por fuera a aquella información que se generara en el ámbito privado de funcionarios o magistrados del PE, PL, PJ, incluida la administración pública, las sociedades del Estado, la propia Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Para todxs sus integrantes, el ámbito de lo privado debe ser entendido con un límite más flexible que el de cualquier integrante de la ciudadanía, y así es a nivel mundial, justamente porque se maneja y administra lo que es de todxs. Otro apartado habla sobre el secreto bancario y financiero y también de un abuso de derechos de parte de quienes preguntan, un concepto muy peligroso que sin dudas traerá menos democracia informativa.