Activistas ambientales recibieron más de 600 ataques en los últimos dos años

Más de 600 ataques a activistas medioambientales se produjeron de 2020 a 2022 en América Latina, aseguraron este viernes representantes de organizaciones indígenas y campesinas defensoras de la tierra de Argentina, Perú, Guatemala y Colombia, y reclamaron mecanismos de protección para estos colectivos, en el marco de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú que se realiza en Buenos Aires.

Los integrantes de la Plataforma de Defensores de la Tierra y El Territorio, que nuclea a activistas de 7 países, aseguraron que América Latina se convirtió en «la región más peligrosa para ser activista medioambiental» debido a la represión, judicialización y asesinatos que se reportaron sobre los grupos que defienden los territorios.

«Los pueblos fuimos despojados de nuestras tierras por las trasnacionales y cuando nos organizamos para defender nuestros derechos nos estigmatizan, nos dicen terroristas y nos asesinan. En los últimos años la represión se ha agravado y hemos sido fuertemente perseguidos con muchos dirigentes asesinados», afirmó Leiria Vay, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de Guatemala.

«No han dicho que el desarrollo es para mejorar las condiciones de vida, se puso de moda ese discurso y mucha gente se ilusionó, pero no dijeron que era para entrar a nuestros territorios y vaciarnos», acusó Vay y contó que en su país este despojo profundizó la pobreza y produjo un enorme proceso migración de personas.

«El 20% del PBI del país es de hermanos que mandan remesas desde Estados Unidos», precisó.

En un informe presentado por la Plataforma, que tomó casos de diciembre de 2020 a diciembre de 2022, se reportaron 130 ataques en México, 103 en Brasil, 87 en Honduras, 82 en Perú, 76 en Colombia, 40 en Guatemala, 27 en Ecuador y 17 en Argentina, entre los principales.

Raquel Reynoso, de la Asociación Ser, de Perú, comentó que su país tiene una cobertura boscosa de casi el 60% del territorio que albergan a más de 50 pueblos indígenas que hoy sufren «una fuerte presión por acceder a sus recursos» por el boom exportador de cobre y otras materias primas.

«El estado redujo la institucionalidad ambiental. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, quienes ordenan los territorios son las grandes concesiones mineras. Perú esta todo concesionado, es un trámite administrativo», aseveró

Reynoso se quejó de que su país no ratificó el Acuerdo de Escazú por «una presión muy fuerte de los grupos empresariales que dicen que el acuerdo nos va a recortar nuestra soberanía nacional y que pone en peligro las inversiones».

Javier Medina, de Colombia, denunció que en su país «el conflicto armado pasó a ser un proceso de control del territorio, por eso Colombia es uno de los países que más personas desplazadas internamente tiene, con alrededor de 8 millones».

«Colombia vivió lo mismo que todo el continente con el boom de las commodities, donde hubo una fiesta de licencias ambientales para hacer exploración minera eran otorgadas rápidamente», aseguró.

«Se quiso imponer que el problema no es la explotación sino las comunidades que llevan cientos de años viviendo en los territorios», afirmó Medina y agregó que se han iniciado causas judiciales a personas en territorios indígenas y campesinos.

«Ser líder social no es un delito, hay una criminalización de los representantes que los lleva a ser investigados por la Fiscalía General de la Nación», alertó.

Por último, Nicolás Avellaneda, de la Fundación Plurales de Argentina, se lamentó que para los defensores de la tierra «se volvió normal que reciban amenazas, violencia y criminalización».

En su organización, tomaron unos 20 casos testigo sobre agresiones en Argentina, de diciembre de 2020 a diciembre de 2022, e informaron que el 73,7% de los casos las víctimas de la agresión no sólo fueron defensores sino la comunidad.

«Las comunidades más afectadas son las indígenas y estos conflictos son reiterados en el tiempo, no son situaciones aisladas. Son víctimas de hostigamiento continuo», advirtió.

Avellaneda explicó que la mayor parte de las agresiones vienen de la agroindustria, por el avance de la frontera agropecuaria, y luego vienen la minería, la industria de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura.

«Necesitamos un aplicación nacional del Acuerdo de Escazú que ponga a los defensores de la tierra en el centro de la escena», concluyó.