Acusado por llevarse un expediente de Tribunales

Marcelo Bergia, titular del juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 9ª Nominación, radicó una denuncia penal contra un hombre que se llevó un expediente judicial del juzgado sin estar autorizado. El hecho quedó registrado en una filmación captada por las cámaras que el magistrado colocó en la mesa de entrada del juzgado, en un momento en que las filmadoras eran probadas.

El juzgado de Bergia es el único en los Tribunales provinciales que cuenta con dos cámaras de seguridad que graban todo lo que pasa en la mesa de entradas en imagen y sonido. Este sistema fue colocado a pedido del magistrado, con aprobación de la Corte Suprema de Justicia, y comenzó a funcionar los primeros días de agosto, áunque al momento de la puesta en marcha de las cámaras, en los pasillos del Palacio de Justicia se escuchaban voces de desaprobación. El fundamento de la colocación de esta herramienta fue el control y optimización en el funcionamiento del servicio de justicia, según expresó en su momento un comunicado pegado en la puerta del juzgado.

A fines de julio, cuando aún estaba probándose el sistema, las cámaras captaron la imagen de un hombre que se llevaba un expediente que ya tenía sentencia. Según se verificó, se trata de una persona joven que dejó constancia del retiro en un libro interno del juzgado, donde firmó con el nombre de un abogado que es representante de una de las partes en el juicio. El expediente no volvió a aparecer, por lo que se puso la lupa en la filmación y el recibo de retiro del sumario, y se confirmó que el abogado que aparece como firmante no es la persona que se llevó el expediente, es más, su cliente es el más perjudicado con la desaparición de la causa. Es por eso que Bergia presentó una denuncia en el juzgado de Instrucción 14ª, a cargo de María Laura Sabatier, explicaron fuentes judiciales.

Según trascendió, la persona que se llevó el expediente está individualizada ya que su rostro surge claramente de la secuencia de imágenes. Incluso se supo que el joven utilizó falsamente el nombre de un profesional del derecho y que no es abogado, aunque se está investigando si tiene alguna vinculación o desarrolla alguna tarea relacionada, explicaron fuentes cercanas al caso.

Por su parte, la fiscalía a cargo de Nora Marull solicitó una serie de medidas probatorias como la declaración de testigos y la filmación del momento en que el joven se llevó el expediente para analizar la cinta.

Hay dos posibles encuadres legales para este hecho ilícito (aunque ambos tienen la misma pena de prisión de uno a seis años). Un delito de defraudación cuando se sustituye, oculta o mutila un expediente –artículo 173 inciso 8 del Código Penal– o un delito de falsificación de documento cuando se suprime o destruye un documento del que puede resultar un perjuicio –artículo 294 de la misma norma–, por lo que una vez reunidos los distintos elementos probatorios se evaluará cuál es el encuadre que corresponde, explicaron fuentes judiciales.