Afip rechaza inversores extranjeros y pone en vilo a 800 familias santafesinas y 15 mil en todo el país

Si la refinería Oil asentada en San Lorenzo va a la quiebra junto al grupo Indalo, como pretende un sector del gobierno nacional, no sólo perderán su fuente laboral los 400 trabajadores directos del complejo y otros tantos a los que da ocupación indirecta, sino que habrá un “efecto castillo de naipes” que dejará sin ingresos a un total de 15.000 familias en todo el país. Es la advertencia del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) de la localidad vecina.

Los referentes gremiales comenzaron este sábado a reunirse con legisladores provinciales y harán lo propio con funcionarios santafesinos para que intercedan ante la postura de la Afip: el titular del organismo, Alberto Abad, dijo que no aceptaría el plan de pago que presentaron los nuevos –y poderosos– inversores extranjeros de Indalo para saldar el total de la deuda fiscal que acumuló el consorcio cuando lo comandaba Cristóbal López. En el gabinete de Cambiemos hay posturas enfrentadas sobre el futuro del grupo. Unos, entre ellos el responsable de la recaudación, pretenden desarmar lo que consideran un emblema de la corrupción kirchnerista, cualquiera sea el costo social. Otros atienden a que, por fin, podrán contar con un ejemplo de la tan mentada –como esquiva– lluvia de inversiones que prometieron.

la mayor inversión extranjera en 10 años

En esa contradicción hace hincapié la representación gremial de los petroleros sanlorencinos. “Estamos ante la inversión extranjera más grande de los últimos 10 años”, pone en contexto Héctor Brizuela, secretario de Legales de Supeh San Lorenzo. “Un técnico como Abad no mide las consecuencias sociales”, se queja ante El Ciudadano el gremialista, y se extraña del empecinamiento del titular de la Afip: “Si Indalo va a la quiebra, el Estado a lo sumo puede cobrar el 10 por ciento de las deudas fiscales”.  ¿Revanchismo político?, intenta comprender la postura de bloquear la continuidad del grupo económico, la llegada de inversiones y el mantenimiento –que pronostica expansión– de las fuentes de trabajo. “Que cada uno responda si cometió ilícitos, pero que no se arrastre a las familias de los trabajadores”, completó. El sindicato difundió un comunicado que refuerza esa posición: “¿La Afip quiere cobrar lo que se le debe al fisco o condenar a los trabajadores por la conducta contraria a derecho que le endilga a nuestro antiguo patrón? ¿Cómo es posible que se prefiera mandar a la quiebra a una empresa antes que permitir que pague sus deudas, que crezca y mantenga las fuentes de trabajo”?, señala el texto.

En busca de interlocutores que intercedan

El Supeh, ante un panorama político y judicial confuso, se declaró en estado de alerta. Pero no sólo eso: comenzó a tender puentes para que actores de todos los estamentos intercedan ante la postura de la Afip. Este sábado se reunió con el senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Y en las próximas horas acercará la misma preocupación a funcionarios provinciales.

Detrás de una trama judicial y política, está la gente

Acorralados por la Casa Rosada y despachos de tribunales, los socios Cristóbal López y Fabián de Sousa vendieron el total de las acciones de Indalo a OP Investments, un fondo inversor radicado en los Estados Unidos que se asoció estratégicamente con el consorcio Lukoil: la principal petrolera de Rusia que, con una facturación anual de 100.000 millones de dólares, es la segunda mayor compañía en reservas de crudo detrás de ExxonMobil.

OP Investments y Lukoil se quedaron con todos los negocios de Indalo excepto los del juego: más de 170 sociedades de distintos rubros que van de la construcción, el petróleo, la minería, la producción de carbonato de sodio, los medios de comunicación y las financieras hasta los alimentos.

Los nuevos dueños anunciaron una inversión de 300 millones de dólares, de los cuales 120 lo pondrán los rusos. Pero, además, presentaron un plan de pago de toda la deuda fiscal que acumuló Cristóbal López: 952 millones de pesos al contado, y alrededor de 60 cuotas mensuales de 112 millones.

El miércoles último, en una audiencia realizada ante el juez en lo Comercial Héctor Hugo Vitale, en la ciudad de Buenos Aires, los nuevos dueños presentaron las garantías de la inversión junto con su plan estratégico para Argentina. El referente del Supeh estuvo allí y señaló que OP Investments se comprometió a una concreta ampliación de la producción en la refinería Oil de San Lorenzo y en su capacidad de almacenaje, además de expandir la exportación y modernizar los muelles en el cordón industrial.

Direcciones y decisiones

El futuro está atado a una compleja trama. López y Sousa habían radicado la sede de Indalo en Chubut para que un juez local –presuntamente permeable a sus intereses– tomara el concurso preventivo de acreedores que había lanzado el emporio en lugar del magistrado en lo comercial porteño Vitale. La Afip apeló, y ante un fallo adverso en segunda instancia decidió recurrir directamente a la Corte Suprema. El máximo tribunal aceptó el recurso y declaró la nulidad, por fraudulento, del concurso dictado el 8 de abril de 2016 por un juez de Comodoro Rivadavia, al que se declaró incompetente. Tanto el gremio petrolero como los nuevos dueños interpretan que esta medida despeja el camino de la continuidad porque deja firme el proceso iniciado siete meses después por el juez comercial porteño Vitale, con quien se reunieron esta semana. De hecho, OP Investments volvió a designar el domicilio legal de Indalo en la ciudad de Buenos Aires.

“El fallo de la Corte devuelve la decisión al juez natural (Juzgado Nacional en lo Comercial de la Capital Federal N° 4), y deja firme la resolución que éste dictó en noviembre de 2016. Entre otras, la ratificación de los pedidos de verificación de créditos”, señala en concordancia el comunicado de los inversores con la firma de su máximo referente público y nuevo presidente de Oil Combustibles, Ignacio Rosner.

El optimismo choca con las intenciones de Abad, en un oscuro juego que incluye distintos fueros judiciales y posicionamientos políticos. El sindicato petrolero y los trabajadores sanlorencinos apuestan a que las fuentes laborales y las promesas electorales de Cambiemos primen sobre la «grieta» revanchista en la que ven montado a uno de sus funcionarios: el jefe de los recaudadores fiscales.