El Gobierno nacional dispuso un fuerte despliegue de efectivos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería en dependencias públicas de la ciudad de Buenos Aires. El gremio denunció 11 mil cesantías y advirtió sobre presentaciones judiciales. El Ejecutivo amenazó con represión "si hay delito"
El Gobierno nacional dispuso un fuerte despliegue de efectivos de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería en dependencias públicas de la ciudad de Buenos Aires ante la jornada de protesta convocada para este miércoles por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo de miles de despidos de empleados públicos, que según el gremio alcanzaron los 11 mil sólo durante el fin de semana extralargo.
Desde el Ejecutivo anticiparon que ante la toma de oficinas, tal la modalidad de la medida gremial, las fuerzas de seguridad no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
Un importante funcionario de la gestión libertaria citado por la agencia Noticias Argentinas reprochó la medida de fuerza al señalar, con mordacidad: “Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”. Y agregó, desafiante: “Mientras se respete la la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”.
El ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que “los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”. Y emparentando protesta con delincuencia, agregó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN): “Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al propio presidente Javier Milei por las consecuencias de la eventual represión. “Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil cesantías y prometió judicializar cada caso porque, dijo, «suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal».
«Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos», contó el dirigente sindical en la red social X.
En el marco de la jornada nacional de lucha contra los despidos, en Rosario se programaron ingresos simultáneos de personas despedidas en varios organismos. ATE Rosario realizará un paro y convocó a la prensa a las 8 en la sede del Enacom (Ente nacional de Comunicaciones, de Buenos Aires y Córdoba. Además, estaba prevista una concentración a las 9.30 en el edificio de Ansés, de Sarmiento y Rioja.
El paro incluye a los tres niveles del Estado. En el caso de quienes dependen de la administración pública nacional, es total y por 24 horas. Provinciales y municipales paran los cuerpos de delegados y juntas internas de cada Seccional.
La medida gremial es contra los despidos masivos y exigiendo la reincorporación y pase a planta del personal. También, en oposición al «desguace» que está llevando adelante el Gobierno nacional, las privatizaciones, y por la anulación del DNU y el protocolo anti protestas.
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