La Cámara en lo Civil y Comercial Federal amplió el alcance de una medida cautelar que frenaba la caducidad de licencia de la empresa y ordenó al Gobierno no aplicar la Resolución 100/10. Argumentaron que esa norma atenta contra la libre competencia de mercado.
Un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal avaló la totalidad de una medida cautelar presentada contra una resolución del Gobierno nacional y autorizó a volver operar a la empresa proveedora de servicios de Internet Fibertel.
Según el fallo al que se tuvo acceso, los camaristas Ricardo Gustavo Recondo y Graciela Medina, de la Sala III de ese fuero, fallaron a favor de la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) y ordenaron al Estado a que «abstenga de ejecutar» la Resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones, del Ministerio de Planificación Federal, que decretó la caducidad de la licencia de Fibertel.
En la sentencia de 10 carillas los magistrados argumentaron que la medida cautelar aceptada por el juez de primera instancia es parcial que se «enfoca de modo primordial en la situación de los actuales usuarios» de la firma del Grupo Clarín, y que en este caso, «el derecho de defensa de la competencia tiene entidad propia, por lo que no debe ser confundido con el derecho de los consumidores».
Para Recondo y Medina, esa parcialidad que mantenía congeladas las operaciones de Fibertel hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la vigencia de la licencia para operar, «distorsiona la competencia en el mercado» porque al distinguir entre actuales y potenciales usuarios «limita la puja entre las empresas» que buscan nuevos clientes, «elemento esencial» de la libre competencia de mercado.
En el inciso 2 de las conclusiones se ordena «modificar parcialmente la medida cautelar, ampliando sus efectos de modo tal que el Estado Nacional se abstenga de ejecutar la Resolución 100/10 garantizando la posibilidad de nuevos usuarios contraten los servicios de Acceso a Internet que ofrece Cablevisión (Fibertel)».
En el mismo texto se aclara que el juez Guillermo Antelo, que también integra la Sala III, no intervino por estar de licencia. Se espera que luego que la Procuración General de la Nación apele el fallo, el expediente llegue a la Corte Suprema. Mientras tanto, se debe resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la Resolución 100/2010.
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