Al final, la UNR aceptó los polémicos fondos mineros

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) rechazó ayer el proyecto que proponía la no aceptación de las partidas enviadas por el Poder Ejecutivo nacional correspondientes a la mina Bajo La Alumbrera por considerarlo “improcedente”. El pedido de no admitir los fondos de la empresa minera ubicada en Catamarca –que se reparte por ley en las casas de altos estudios de todo el país– fue solicitado por distintas agrupaciones de estudiantes y profesores por considerar que ese emprendimiento de capitales mixtos era “altamente contaminante” para el medio ambiente. En definitiva, el planteo era que la universidad no podía recibir recursos que son “antiéticos por lo que representan”, según se denunció oportunamente. Luego de algunas dilaciones a la hora de dar respuestas, el rectorado anunció su aceptación proponiendo “la creación de una comisión para que se propongan soluciones a fin de modificar la situación actual”.

Sebastián Bini es consejero superior estudiantil de la UNR y lamentó la decisión tomada, aunque dijo que “no fue sorpresiva en lo más mínimo”. “Hoy (por ayer) se trató el tema y buena parte de los consejeros superiores que responden a (el rector, Darío) Maiorana desestimaron nuestro pedido por considerarlo improcedente. El único recurso que nos queda es una apelación en la Justicia. Igual, lo que vamos a hacer es seguir instalando el debate para defender el vínculo entre la sociedad y la facultad”, destacó.

“Lo que queremos es que se rompa esa lógica de mercado que pone por delante de todo al pragmatismo y por eso vamos a seguir luchando, porque no se pueden aceptar fondos de un emprendimiento minero que está haciendo mucho daño a parte del medioambiente catamarqueño”, continúo Bini.

La moción aprobada ayer por el Consejo Superior fue “rechazar el pedido de no aceptar los fondos por improcedente y constituir una comisión para que proponga al cuerpo una resolución de propuesta de modificaciones de cuestiones medioambientales y todas las acciones que este cuerpo y esta Universidad tienen que hacer para modificar la situación actual”.

En ese mismo sentido, acordó que la comisión “proponga las acciones pertinentes para modificar la situación actual”.

El rector Darío Maiorana, quien es a su vez presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), informó al Consejo Superior que desde ese organismo se viene trabajando para desarrollar leyes para el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, indicó que el CIN ha convocado a una reunión para abocarse a la problemática de la minería, en abril del año próximo.

Por otra parte, el CIN aprobó que parte de los 50 millones de pesos destinados a la investigación serán destinados al desarrollo de proyectos sobre minería sustentable.

“Cabe destacar que en el despacho de la comisión de Interpretación y Reglamento elevada al pleno del Consejo, se especifica que «no es posible aceptar o rechazar los fondos ya que no son producto de una transferencia voluntaria ni donación de parte de la titular de explotación, sino que estos fondos se incorporan al presupuesto de cada universidad en virtud de una ley que debe cumplirse»”, informaron desde el rectorado de la UNR.

Desde la agrupación Santiago Pampillón continúan rebatiendo los argumentos presentados desde la sede de gobierno de la Universidad. “En nombre de la ley, las autoridades de la UNR defienden el uso de los dineros provenientes de La Alumbrera, una explotación minera a cielo abierto. Una medida que, en virtud de la naturaleza de la explotación y su impacto negativo sobre el medio ambiente, es claramente ilegítima pues contradice los valores éticos que deberían ser baluartes de la educación pública como lo son la autonomía y crítica del pensamiento o el respeto por el medio ambiente”, explicaron.

“A su vez, las autoridades de la UNR, con el rector Maiorana a la cabeza, ignoran otros aspectos de la misma legalidad que dicen respetar. Desconocen los alcances del artículo 41 de la Constitución Nacional (referido a los derechos ambientales), así como también pasan por alto el marco de acción que permite la autonomía de las instituciones universitarias a la hora de administrar sus bienes y recursos”, continuaron.

“Por encima de todo, el rector Maiorana soslaya el aspecto fundante que atraviesa la cuestión de los fondos mineros. A saber, cuál es el proyecto educativo estratégico que se traza cuando se tratan estos asuntos: o una educación superior condicionada por la lógica mercantil (que en el caso particular de La Alumbrera enseña palmariamente su faz más gravosa) o una educación autónoma respecto al mercado que se sustente en los valores de la crítica y el servicio a los sectores más necesitados”, subrayaron.

“Desde la agrupación Santiago Pampillón- el grito (Humanidades y Artes), entendemos que recibir el dinero proveniente de La Alumbrera, así como establecer convenios con la misma, no sólo condiciona la objetividad de la producción científica al interior de las universidades públicas y su rol de contralor, sino que las convierte en cómplices del saqueo de nuestros bienes naturales, nuestros ecosistemas. Un silencioso eco-genocidio cuyo impacto profundo repercutirá en futuras generaciones pero que ya se hace sentir en el presente”, concluyeron.