"Invito al Congreso a que ponga en discusión cuanto antes el tema, sin perder el tiempo, y exponga sus posiciones y vote", dijo García, cuyo gobierno sufrió numerosos cuestionamientos nacionales e internacionales por los decretos, del que los críticos aseguran que favorecen la impunidad.
El presidente de Perú, Alan García, abrió hoy la puerta a una posible derogación de dos controvertidos decretos que favorecen a acusados de delitos de lesa humanidad, al afirmar que no hará una «cuestión de Estado» en la defensa de esas normas que él promulgó a comienzos de este mes.
El mandatario trasladó las culpas por lo ocurrido al Congreso, del que afirmó que dio al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en la materia a pesar de que éste no las había pedido.
«Hay una suma de errores, pero no del Ejecutivo; nosotros pedimos facultades para tratar sobre el Código (de Justicia Militar Policial) y el fuero militar y policial, pero nos llegó la autorización para legislar sobre juicios por actos cometidos por militares y policías; es extrañísimo», dijo García en un diálogo con reporteros citado por la agencia de noticias DPA.
No obstante, García expresó apoyo al ministro de Defensa, Rafael Rey, artífice de los decretos y principal centro de las críticas, y defendió incluso que éste haya consultado para elaborar la norma a abogados de militares y policías acusados.
«Escuchar y conversar no es pactar ni obedecer criterios de otros», dijo el presidente al respecto.
Los decretos, promulgados el 1 de este mes, limitan a un año y medio el plazo para que militares y policías puedan estar procesados sin sentencia y establecen que los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser considerados como tales desde 2003, cuando Perú se adhirió a los tratados internacionales sobre la materia.
Al amparo de esos decretos, varios procesados pidieron su excarcelación, incluidos todos los miembros del grupo Colina, que cometió varios asesinatos en la década de los 90, entre ellos los 25 por los que paga 25 años de prisión el ex presidente Alberto Fujimori. Los tribunales tendrán que tomar en los próximos días una decisión al respecto.
Congresistas de oposición presentaron una demanda contra el decreto ante el Tribunal Constitucional, mientras que el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien discrepó públicamente de la norma, piensa elaborar una propuesta alternativa.
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