El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El presidente Alberto Fernández transmitió hoy su «más profundo afecto y solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia «la persecución judicial» en su contra.
El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas», escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: «Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner».
En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad».
«Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del Derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho», dice la declaración.
Y amplía: «Ninguno de los actos atribuidos a la exPresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno».
El escrito señala que «el Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas».
«Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos», añade.
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