Allanamiento frustrado por filtración, el celular de un juez federal y la larga sombra de la corrupción

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió en solo un día archivar una pesquisa interna relacionada con la filtración de la orden de requisa al despacho del juez federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain. La decisión de una velocidad inusitada, firmada por Aníbal Pineda, Susana Andalaf, Elida Vidal y Lorenzo Barbará, determinó que el incidente no fue resultado de una conducta deliberada por parte de algún funcionario o empleado judicial, sino de una “fallo técnico en el sistema informático”.

Toda la situación se dio en el marco de una causa que salpica al magistrado federal de primera instancia, iniciada a partir de la pesquisa sobre su ex par Marcelo Bailaque y las irregularidades detectadas en el vínculo de éste con el ex director de la Afip en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna: a partir de la declaración como arrepentido del empresario Fernando Whpei surgieron nuevos indicios por los cuales el juez federal Carlos Vera Barros ordenó incautarle el celular a Salmain, además de allanamientos contra el empresario santafesino Santiago Busaniche y a un estudio jurídico de Rosario.

Finalmente, aunque parte de las medidas se frustraron, Salmain entregó su aparato telefónico dos días después del sainete, aunque según trascendió no quiso otorgar el patrón de desbloqueo.

Tras la difusión pública de la noticia, se solicitó un informe inmediato a la Secretaría General y al área de Informática de la Cámara. Los expertos confirmaron que el error ocurrió durante la carga del expediente relacionado con la orden, permitiendo que en un momento la requisitoria fuera visible en una base de datos interna.

El magistrado Vera Barros, quien emitió la orden, presentó ante la Cámara un informe de su secretaria. En consecuencia, la institución decidió cerrar la investigación, estableciendo que “no existen elementos que indiquen intervención humana dolosa o negligente”. El sumario, abierto el día anterior por motivos de transparencia institucional, quedó archivado rápidamente. La finalidad del procedimiento fue exclusivamente determinar posibles responsabilidades internas en la filtración.

El episodio se originó tras la publicación de la requisitoria contra Salmain, medida adoptada en el marco de una pesquisa por presuntas irregularidades en su actuación. La difusión generó gran repercusión en los ámbitos judiciales y políticos, dada la posición del magistrado y la sensibilidad del caso.

En su resolución, la Cámara ordenó comunicar los resultados al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal para su conocimiento. Además, instruyó a la oficina de informática a fortalecer los protocolos de seguridad digital, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro.

La rápida decisión, tomada menos de un día después de conocerse el inicio del sumario, refleja la voluntad de la institución de resolver con celeridad. El archivo implica que no se aplicarán sanciones ni se atribuirán responsabilidades a individuos, ya que la causa fue atribuida a un problema técnico. El informe final subraya que “la transparencia judicial requiere no solo la rendición de cuentas de sus funcionarios, sino también la confiabilidad de sus sistemas” y recomienda una revisión exhaustiva de accesos y auditorías en los módulos internos.