La Fiscalía investiga si aprovechó su trabajo para contactar a las víctimas, de 15 años, y pedirles fotos íntimas. Pasadas las 17 de este miércoles, allanaron su vivienda de la zona sudoeste y secuestraron elementos de electrónica de interés para la causa
Un utilero del club Atalaya, e 24 años, fue denunciado por los padres de cinco adolescentes por grooming. Los fiscales Ramiro González Raggio, de la Unidad de Investigación y Juicio, y su par de Delitos Sexuales Graciela Argüelles, quedaron a cargo del caso y ordenaron una serie de medidas que culminaron este miércoles con un allanamiento a la casa del sospechoso y el secuestro de elementos de informática.
Según una fuente fiscal, este lunes se presentaron cinco denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación en la que sindicaron a una persona de 24 años como quien les mandaba mensajes de Whatsapp a adolescentes de 15 años para pedirles que le enviaran fotografías de sus partes íntimas. El vocero aclaró que las víctimas no accedieron en ninguno de los casos a las exigencias del acosador.
Tras las presentaciones, los fiscales ordenaron una serie de medidas al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes identificaron al sindicado como Facundo D., de 24 años. Este muchacho es utilero en las instalaciones del club Atalaya, ubicado en Juan Manuel de Rosas al 2500, y se investiga si usó ese ámbito para contactar y acosar a las víctimas.
La pesquisa continuó hasta este miércoles pasadas las 17 cuando los uniformados de la AIC hicieron un allanamiento en la casa del sospechoso, ubicada en Vuelta de Obligado al 4700.
Los investigadores secuestraron: dos pen drive, una tarjeta de memoria, un cámara digital, un celular y una notebook, indicaron los voceros para agregar que estos elementos fueron enviados a peritar.
Con respecto a Facundo D., la Fiscalía ordenó que sea trasladado a las instalaciones de la AIC, aunque no especificaron si quedará detenido.
Se trata de un ciberdelito incorporado al Código Penal en 2013, el cual fija una escala penal de seis meses a cuatro años de prisión. El delito consiste en que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, un mayor contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual del niñe o adolescente.
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