Allanaron la Municipalidad de San Nicolás por causa federal que envuelve a los Passaglia

La Justicia federal allanó las oficinas de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos en el marco de una causa por “incumplimiento de una medida cautelar” de 2019, cuando el entonces intendente de la localidad bonaerense Manuel Passaglia (hermano del actual jefe comunal) inauguró en plena veda electoral el Estadio Único de Fútbol de esa ciudad.

La orden fue emitida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, y ejecutada el lunes pasado casi en silencio bajo estricto secreto de sumario y ante las narices de una ruidosa concentración de vecinos que reclamaba frente al edificio municipal alguna ayuda para afrontar los estragos que causó el temporal.

Fuentes allegadas a la investigación aclararon que los allanamientos se dieron en el marco de una causa federal distinta a la que se inició en 2018 contra varios miembros del clan Passaglia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que derivaron en el embargo de los bienes del actual intendente Santiago Passaglia y sus dos antecesores: su hermano Manuel y su padre Ismael, además de su mamá y su hermana.

Los documentos que este lunes ordenó incautar el juez federal Villafuerte Ruzo estarían relacionados a la inauguración del Estadio Único de Fútbol San Nicolás celebrada el 19 de octubre de 2019 durante la veda electoral.

Según allegados al caso, la causa judicial responde al incumplimiento de una medida cautelar que había sido dispuesta por la Justicia federal de La Plata, pesquisa en la que fue indagado el ex intendente Manuel Passaglia.

Sociedad Anónima Estatal

Con menos precisiones, voceros extraoficiales señalaron que la polémica en torno a la inauguración del estadio es la punta del iceberg ante presuntas irregularidades en el funcionamiento de “Descubrí San Nicolás”, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) aprobada en 2022 con miras a fortalecer el turismo local.

No obstante, la hipótesis señalada intenta revelar si la Sapem fue ideada como un instrumento para «tercerizar» en manos de capital privado la explotación comercial de activos y servicios del municipio. Además del estadio de fútbol se investiga el manejo del autódromo, el predio ferial, el Teatro y la administración del cementerio, agregaron voceros.

En tanto, la principal investigación que lleva adelante la Justicia federal respecto a los bienes de la familia Passaglia, por la que también fue allanada la Municipalidad de San Nicolás en 2021, se encuentra desde mayo pasado a la espera de una resolución. Se trata de una apelación presentada por los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad quienes se opusieron a la falta de mérito dictada por el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia.

Di Lello y Amad apelaron la falta de mérito dictada por Bailaque y también su intento de que sea un Juzgado de Garantías de turno del Departamento Judicial de San Nicolás quien investigue a Ismael Passaglia y sus hijos, quienes se suceden la intendencia hace más de una década.

La investigación se inició en 2018 a través de una denuncia que alertó a la Justicia sobre “bienes y propiedades que no se condecían” con el salario de la familia Passaglia.

La Fiscalía determinó a través de una investigación que la esposa de Ismael Passaglia (Liliana Gaibazzi) y sus hijos (Manuel, Santiago y Delfina) “no poseían capacidad económica suficiente para la adquisición de los distintos bienes registrados a sus nombres en las respectivas fechas de incorporación de los mismos a sus patrimonios” e investigó a cuatro personas como testaferros que habrían prestado colaboración a Ismael Passaglia para simular operaciones inmobiliarias, entre ellos Ricardo y Nicolás Fernández Motta.

En 2020, la Cámara Federal de Rosario dispuso el embargo preventivo de los bienes del clan y el congelamiento de productos bancarios.

Pasaron dos años y muchas dilaciones hasta que el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque citó a Passaglia y el resto de los imputados a prestar declaración indagatoria. A mediados de 2023 dictó la falta de mérito de los acusados, medida que se encuentra apelada a la espera de una resolución.