La Intersectorial de colectivos ambientales, de la que participa incluso la UNR, se enteró de un llamado a licitación hecho por la Municipalidad de Granadero Baigorria sin consulta, y del que no hay precisiones. Rompe un pacto, dijeron, de trabajo conjunto para diseñar un Plan de Manejo que preserve ese frágil ecosistema del Humedal
La Intersectorial Isla de los Mástiles, integrada por organizaciones y grupos ambientalistas, hizo pública su preocupación por una decisión del Municipio de Granadero Baigorria. Se trata del llamado a licitación para conceder, por 30 años, el uso y explotación de una parte de esa isla, que está enfrente de la localidad vecina a Rosario. «Atenta contra la conservación del humedal del Delta del Paraná y en particular de la Isla de los Mástiles, declarada Área Natural Protegida mediante la Ordenanza 5621/20», señalaron.
La isla en cuestión pertenece a la provincia de Santa Fe. Fue cedida en comodato a los municipios de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez con expreso compromiso de preservar sus ambientes y evitar ocupaciones permanentes. El Gobierno provincial lo hizo por medio de sendos acuerdos firmados en 1997 y 2003, respectivamente, sobre distintas zonas de la isla.
Ya en 2021, y poco después de los graves incendios en el Delta que devastaron la mitad de la superficie de la isla, el municipio de Baigorria había intentado una licitación similar. También, por tres décadas. Entonces, la resistencia de organizaciones ambientales y sociales consiguió revertirla.
Tras una serie de negociaciones, se conformó así un Comité Multisectorial para definir cómo intervenir ese frágil espacio que, por contrapartida y como el resto del Humedal, brinda importantes servicios ambientales y es hábitat de una gran diversidad de especies animales y vegetales.
Por eso, ahora, la sorpresa de una licitación realizada sin aviso del colectivo de organizaciones, e instituciones como la Universidad Nacional de Rosario. Todas, junto al Ejecutivo local, habían acordado construir un Plan de Manejo de ese territorio insular. El nuevo intento de concesión, reprocharon, va «contra la gestión participativa que venimos construyendo a través del Comité Multisectorial, creado como espacio de diálogo institucional».
La Intersectorial enfatizó que el llamado a licitación, del que no se difundieron precisiones y del que se enteraron a mediados de junio, fue realizada «a espaldas del Comité Multisectorial, violando los principios de transparencia y diálogo establecidos por la Ordenanza 5760/22».
La sospecha por los modos, así, surge inevitable. Y la intersectorial la tradujo en preguntas: «¿Por qué esta decisión se ocultó deliberadamente? ¿Qué parte del territorio se pretende explotar y bajo qué condiciones? ¿Por qué se insiste en un plazo de 30 años que ya fue rechazado por todas las organizaciones? ¿Por qué no se compartieron los criterios, parámetros ni condiciones que se evalúan en los pliegos?».
Ante el hecho consumado, las organizaciones que integran la Multisectorial pidieron «una reunión urgente con las autoridades municipales para exigir las explicaciones pertinentes».
El enojo es, en principio, fundado. La manera en que se realizó el llamado a licitación, publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe del 28 de junio último, «desconoce el trabajo conjunto iniciado en 2020, tras los incendios que afectaron gravemente al humedal», dijeron desde la Intersectorial.
Es que, recalcaron, no fue una formalidad: «Las organizaciones hemos impulsado normativas, denunciado loteos ilegales y promovimos la creación de una mesa de diálogo con el Municipio, formalizada en 2022 mediante la Ordenanza 5760/22 que dio origen al Comité Multisectorial».
«Entre 2023 y 2024 desarrollamos, junto a la Universidad Nacional de Rosario, un proceso participativo de zonificación como etapa inicial del Plan de Manejo de la isla», repasaron también desde la Intersectorial sobre el rigor científico de la participación colectiva. Y señalaron el fruto: «Este trabajo permitió establecer distintas áreas de uso, respetando el carácter protegido del territorio y el equilibrio ecológico del ecosistema».
El pacto fue roto. «Pese a estos avances, el Municipio ha vuelto a actuar de forma unilateral poniendo en riesgo a la isla, violando los acuerdos construidos colectivamente y la normativa vigente», resumieron las organizaciones ambientalistas el accionar del Ejecutivo baigorriense.
Por eso, exigieron «la suspensión inmediata de este proceso licitatorio, el respeto a los espacios de diálogo institucional creados, a los acuerdos alcanzados y, por sobre todo, a la integridad ecológica de la Isla de los Mástiles».
Y, con las sospechas antes mencionadas, completaron: «La protección del humedal y el cumplimiento de las leyes que deben prevalecer por encima de cualquier interés particular».
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