Amia: Alak acusó al fiscal Nisman de “obstaculizar”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, acusó ayer al fiscal Alberto Nisman de intentar “obstaculizar” el avance de la causa Amia, tras el  pedido que realizara el funcionario judicial para declarar inconstitucional el memorandum de entendimiento firmado con Irán.

Alak sostuvo que “llama la atención” que, con su pronunciamiento, el fiscal Nisman “pretenda obstaculizar el acuerdo que permite el avance de la causa, en un proceso de amparo en el que no es parte”.

“El memorandum suscrito brinda la posibilidad concreta de sentar al juez de la causa frente a los acusados por el fiscal Nisman, para que de una vez por todas pueda avanzarse en la investigación que lleva siete años paralizada”, remarcó.

En este sentido, el ministro subrayó que “la Justicia no pudo resolver esta situación”, por lo que esta herramienta abre la posibilidad de avanzar “y, más temprano que tarde, en un caso que lleva 20 años de impunidad, conocer la verdad de los hechos y sancionar duramente a los responsables”.

“Este gobierno no escapa a los desafíos, dejando que los grandes conflictos de nuestra sociedad permanezcan irresueltos. Hacemos los máximos esfuerzos para que las violaciones masivas a los derechos humanos sean juzgadas y sus responsables castigados en el marco de una política de Estado fundamental, de memoria, verdad y justicia”, ratificó Alak.

Con argumentos similares a los presentados por la Amia y la Daia, el fiscal Nisman pidió el miércoles pasado la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, al considerar que es una clara “intromisión” del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Justicia y que daría lugar a un sinnúmero de planteos de nulidad, que podrían hacer caer la causa.

Sin embargo, Alak señaló que “bajo ningún punto de vista puede utilizarse el memorandum como un impedimento para que los funcionarios judiciales pongan en conocimiento de la sociedad y de las partes todas las pruebas y medidas que promuevan un avance concreto de la investigación”.

Consideró, además, que “el propósito de este acuerdo es que se viabilicen actos procesales indispensables para el avance de la investigación”, ya que “su objeto y efecto es posibilitar las declaraciones indagatorias de los acusados”.

Sin resultados

“Reconocemos y respetamos todo el trabajo que se ha desarrollado en el ámbito judicial. Sin perjuicio de ello, ese trabajo no ha alcanzado y no ha arrojado ningún resultado concreto en la búsqueda de verdad y justicia”, manifestó el funcionario.

Alak subrayó además que “de ninguna manera puede interpretarse que la Comisión de la Verdad tenga alguna facultad o función jurisdiccional que entorpezca la labor de las autoridades judiciales locales”.

Y señaló que “esa función no la tiene esta comisión ni ninguna de similar naturaleza que, justamente, se han creado y utilizado en muchos casos en todo el mundo cuando las vías jurisdiccionales no alcanzaban resultados concretos”.

“Como claramente establece el memorandum, los informes de la Comisión de la Verdad no son vinculantes, sino meras recomendaciones a los Estados. Ni siquiera estarán dirigidos a las autoridades judiciales locales”, dijo el ministro en respuesta a los argumentos del fiscal.

El acuerdo entre la Argentina e Irán para avanzar en la investigación del atentado fue firmado en enero por los cancilleres de ambos países y ratificado el 28 de febrero por el Congreso, para luego ser sancionado por el Poder Ejecutivo a través de la ley 26.842.

A partir del pronunciamiento del fiscal Nisman, ahora el juez Rodolfo Canicoba Corral espera el descargo del Poder Ejecutivo luego del planteo de inconstitucionalidad que hicieron las entidades judías Amia y Daia.

“El memorandum suscrito brinda la posibilidad concreta de sentar al juez de la causa frente a los acusados por el fiscal Nisman para que, de una vez y por todas, pueda avanzarse en la investigación que lleva siete años paralizada”, dijo Alak.

Y finalizó: “No nos conformamos con acusar a los posibles responsables, queremos que la Justicia argentina los interrogue, que los procese y que los lleve a un juicio oral y público en el que sean condenados”.