El designado secretario de la Unidad Amia del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, confirmó que el gobierno enviará al Congreso un proyecto para promover el “juicio en ausencia”, de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la Amia del 18 de julio de 1994.
“Sabemos que es un tema controversial pero también que no hay ningún impedimento constitucional o legal para que se implemente. Por eso queremos debatir el tema en el Congreso y en la sociedad”, dijo a la agencia Télam el ex senador radical.
La iniciativa ya recibió el respaldo institucional de la comunidad judía a través de la Daia, pero los organismos que nuclean a familiares de los 85 muertos y cientos de heridos adelantaron su oposición.
“Ya le dijimos al ministro de Justicia (Germán Garavano) que para nosotros el juicio en ausencia no ayudará a saber la verdad, que es la única forma de cerrar la investigación de manera satisfactoria”, dijo el abogado de Memoria Activa Alejandro Rúa.
El proyecto gubernamental se está elaborando en base a distintos proyectos existentes, uno de ellos del propio Cimadevilla, y la aspiración oficial sería darle trámite parlamentario cuando el Congreso reabra sus sesiones ordinarias, en marzo venidero.
“Una de la ventajas de este mecanismo será reactivar causas paralizadas como la del mayor atentado terrorista en el país”, dijo el funcionario, que aún no asumió formalmente el cargo.
“Obviamente no cuenta sólo para la causa Amia sino que se podrá aplicar en causas de lesa humanidad con acusados ausentes”, aportó Cimadevilla, para quien el procedimiento penal “no sólo persigue el castigo del culpable sino también la satisfacción de las víctimas y la sociedad”.
Idéntico anuncio recibió días atrás una delegación de la comunidad judía que se entrevistó con la canciller Susana Malcorra para agradecerle que el gobierno reiterara el pedido de mantener las “alertas rojas” de Interpol, para capturar a los cinco iraníes acusados por la Justicia argentina.
“El departamento jurídico de la Daia presentó su proyecto a mitad de año pasado y es sobre ese texto que se está trabajando para perfeccionarlo en el ámbito del Ministerio de Justicia”, aseguró el titular de la Daia, Ariel Cohen Sabban, quien encabezó la delegación.
“Necesitamos avanzar en esa causa y saldar la deuda que la Justicia tiene con la sociedad”, dijo el dirigente comunitario en sintonía con Cimadevilla, y añadió que “existen antecedentes claros de aceptación del juicio en ausencia en la jurisprudencia Argentina”.
“El nazi Erich Priebke había sido juzgado en ausencia en Italia por la matanza de las fosas ardeatinas y cuando medio siglo después fue localizado en Bariloche, la Corte Suprema autorizó su extradición porque entendió que no se había violado ninguno de sus derechos”, ejemplificó.
La posibilidad de un juicio sin la presencia de los acusados fue insinuada en el voto del juez Eduardo Farah cuando la Cámara Federal porteña declaró la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán para indagar a los acusados fuera del país.
Caído ese acuerdo, y la ley que lo aprobó en el Congreso, el nuevo gobierno probará en otra dirección para saldar el mismo escollo.
Sin embargo, el abogado Rúa insistió en que “los fiscales que quedaron a cargo de la UFI-Amia tras la muerte de Alberto Nisman no han pedido cerrar la instrucción, que es la condición para cualquier juicio, sea con presencia de los acusados y sus defensores como ocurre en la tradición jurídica argentina, o en ausencia”.
“No nos sirve una declaración jurídica sobre hechos y culpas sobre las que no tenemos certeza sino saber la verdad”, insistió el abogado de Memoria Activa.
Apemia, otro de los grupos que reúne a deudos de los 85 muertos y cientos de heridos en el atentado, reclamó que se cumpla con la apertura de todos los archivos estatales anunciada por el gobierno anterior y que está en proceso embrionario.
Encubrimiento
A veintiún años y medio del atentado, recién se está juzgando al ex juez Juan José Galeano, al ex presidente Menem y al ex jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, entre otros acusados, por el encubrimiento de la llamada “pista siria” y el pago por testimonios falsos que obligaron a anular el primer juicio, en 2003.
“Es claro que un atentado de la magnitud de la voladura de la Amia no se pudo realizar sin una conexión local y será preciso profundizar esa investigación, pero no anula la posibilidad de juzgar en el país a los acusados que se niegan a presentarse”, dijo Cimadevilla.
