Amplio respaldo a médico a quien ART La Segunda pidió sancionar por sus opiniones técnicas

¿La opinión de un médico legista y laboral sobre aspectos regulatorios o instrumentales de su ámbito de actuación invalida su intervención técnica como perito en juicios laborales? Eso es lo que sostienen dos Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para impugnar al reconocido profesional Javier Amherd, consultor además de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Contra esa embestida, el Concejo Municipal de Rosario, la Cámara de Diputados de Santa Fe y el Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario se expresaron en defensa del derecho del especialista a ofrecer una mirada crítica y fundada sobre un tema de interés público. Eso, sostuvieron, no invalida su capacidad ni objetividad para evaluar como experto independiente un caso concreto.

Dos ART, una de ellas es La Segunda, pidieron el apartamiento de Amherd de un expediente por incapacidad laboral que se tramita en el foro rosarino. Esa empresa, además, pidió un trasladado a la Corte Suprema de la provincia expresando su malestar por las declaraciones del profesional a la prensa, críticas del sistema de aseguradoras de riesgo del trabajo.

En los escritos presentados ante la Justicia por las ART para que el perito sorteado, Amherd, sea removido de un expediente no se precisan causas concretas. El portal Rosario3 consultó al estudio jurídico Vázquez Ferreyra, que gestiona el caso, y la respuesta eludió vínculos con las declaraciones a medios periodísticos del médico legista. «Tenemos instrucciones de nuestro cliente de recusarlo porque pone porcentajes de incapacidad que exceden en mucho lo razonable», contestaron.

Una opinión fundada: entre derechos, intereses económicos y criterios técnicos

En declaraciones a medios de comunicación, Amherd cuestionó el tratamiento del capítulo de licencias médicas dentro de la reforma laboral. Y no se quedó en eso: propuso una salida técnica basada en la creación de un comité de expertos que evalúe los casos prolongados.

Entre los puntos específicos, el profesional cuestionó los cambios al baremo (cuadro que identifica la gradualidad de los daños por accidentes o enfermedades) 549/2025. Dijo que las modificaciones propuestas «aumentan la inculpabilidad y disminuyen lo laboral», desplazando patologías antes cubiertas por el sistema de ART hacia hospitales públicos u obras sociales.

Las ART, por supuesto, no vieron con agrado esas declaraciones, acompañadas por datos, comparaciones con otros países y legislaciones.

Uno de los puntos más objetables, señaló, es que sea el propio empleador quien determine la gravedad o el origen de una incapacidad. «La posición técnico-científica está excluida», cuestionó. Agregó que ese tipo de decisiones no profesionales pueden derivar en consecuencias graves para la salud. Por ejemplo, la mala evaluación de una infección.

Respecto de las licencias por salud mental, Amherd reconoció la existencia de certificados irregulares que encubren conflictos laborales. Pero recordó la experiencia rosarina de un sistema digital con trazabilidad por GPS y códigos QR que limita la emisión de certificados a consultorios y hospitales registrados.

El profesional se apoyó en su experiencia en Suiza y propuso crear un Comité de Expertos integrado por colegios médicos, facultades de medicina y el Ministerio de Trabajo. Ese cuerpo, propuso, evaluaría científicamente las licencias prolongadas. «En los países del primer mundo se resuelve así: no es un tema legislativo, es técnico-científico», afirmó.

Además, expuso la falacia de la búsqueda de un ausentismo cero. Los estándares internacionales, recordó, admiten un piso cercano al 3%. Y completó: pretender perforar ese piso implica tener «gente enferma trabajando». Ello, con riesgos para terceros y para la misma empresa.

La reforma laboral impulsada por el oficialismo, sintetizó, refleja un «afán de disciplinamiento» de base ideológica y sin sustento científico. Y alertó que la consecuencia será un efecto boomerang sobre el empleador.

Libertad de expresión amenazada

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario salió al cruce de los planteos de las ART. En un comunicado, mencionó la existencia de una “recusación injustificada” y un intento de apartar al profesional de su papel como auxiliar de la Justicia.

La Asociación resaltó que las presentaciones judiciales se originan en las opiniones técnicas y críticas formuladas por el especialista en ámbitos periodísticos, y consideró que las mismas no deberían ser argumento para cuestionar su intervención en expedientes judiciales.

Insistieron, en ese sentido, en que la imparcialidad de un perito debe evaluarse en función de la calidad y el fundamento de sus dictámenes dentro de cada causa, y no por sus posiciones expresadas en el debate público.

Y advirtieron que recurrir a denuncias o recusaciones basadas en opiniones profesionales podría interpretarse como un mecanismo de presión o disciplina dentro del ámbito judicial.

La entidad reafirmó el derecho de los profesionales a expresarse libremente sobre cuestiones técnicas vinculadas a su especialidad y enfatizó que esas declaraciones no deberían utilizarse para excluirlos de procesos en los que fueron designados de acuerdo a los mecanismos legales vigentes.

Concejo y Legislatura defienden la participación en debates de interés público

En la Cámara de Diputados de Santa Fe también resonó el pedido de la ART La Segunda a la Corte provincial para que sancione al médico legista por sus declaraciones públicas.

«En un sistema democrático, la libre expresión y el derecho de los profesionales a emitir opiniones técnicas o críticas sobre el funcionamiento de organismos estatales son pilares esenciales de la transparencia y el control social», señala la declaración de la Cámara baja, que resalta la posibilidad de «un antecedente institucionalmente riesgoso» en caso de prosperar una sanción que, sigue, afectaría la libertad de expresión, la «independencia técnica y la independencia funcional de la actividad pericial».

El Palacio Vasallo, lo mismo, se hizo eco de la presentación de La Segunda. En una declaración fechada el pasado 5 de marzo, coincide con lo expresado por los diputados santafesinos y concluye que la denuncia de la ART contra Amherd por su opinión sobre el sistema de las aseguradoras de riesgos del trabajo puede «interpretarse como un intento de limitar o desalentar la libre expresión de opiniones técnicas en el marco de debates de interés público».