En una conferencia de prensa realizada este martes 16 de diciembre, en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, Amsafe realizó un balance del año lectivo y denunció la grave pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, la falta de funcionamiento del ámbito paritario y el impacto negativo de las políticas del Gobierno provincial sobre las condiciones de trabajo y la calidad educativa.
El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, afirmó que los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censo desmienten el discurso del Gobierno: “La inflación acumulada entre enero y noviembre es del 29,7%, mientras que los aumentos salariales para los docentes activos fueron del 24,25% y para los jubilados apenas del 15%. La realidad es que a las trabajadoras y trabajadores de la educación la plata no les alcanza”.
Alonso remarcó que el Gobierno cerró las paritarias por decreto, sin convocar al diálogo real, y recordó que el Ministerio de Trabajo incumplió desde el 4 de enero de 2024 una acta paritaria firmada, generando una deuda con el sector docente. “No es cierto que no haya voluntad de diálogo de nuestra parte; el problema es que el Gobierno decidió no escuchar”, señaló.
Durante la conferencia, Amsafe también cuestionó el llamado “premio a la asistencia perfecta”, al que calificó como una medida extorsiva que obliga a docentes enfermos o con responsabilidades familiares a asistir a las escuelas para no perder ingresos. “La calidad educativa no se construye contando días de clase, sino garantizando condiciones dignas de trabajo”, sostuvo Alonso.
Asimismo, el dirigente sindical realizó un balance crítico de la reforma previsional, al cumplirse un año de su implementación: mayores aportes para activos y jubilados, aumentos diferidos y sumas en negro que no impactan en los haberes jubilatorios. “Hoy muchos compañeros no se jubilan porque el salario es tan bajo que no les conviene hacerlo”, advirtió.
Finalmente, Amsafe exigió la inmediata convocatoria a paritarias, la recuperación salarial real y el respeto a los derechos laborales y previsionales, reafirmando que la defensa de la educación pública requiere docentes con salarios y condiciones de trabajo dignas.