Análisis pormenorizado: la reforma laboral producirá una transferencia de trabajadores a empleadores de $21 billones anuales

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso, cuyo debate se postergó hasta febrero, generará una enorme transferencia de capital de los asalariados a las empresas. Así lo arroja un pormenorizado estudio con asistencia de equipos profesionales de varias disciplinas. El cálculo de esa redistribución regresiva de riqueza sorprende: 21 billones de pesos anuales. El trabajo es fruto de un esfuerzo colaborativo de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic) y su autor principal es Leandro Monk, fundador de gcoop, primera cooperativa de software libre de Argentina

Brutal transferencia

El estudio, que es interactivo y habilita colaboraciones para mejorar los cálculos, analiza el efecto combinado de 12 medidas incluídas en el texto original de la llamada «modernización» laboral impulsada por La Libertad Avanza. Por la estimación de sus consecuencias, en el trabajo se las considera «regresiones» en términos de derechos laborales.

Cada uno de los puntos:

1 – Tope Indemnizatorio. Está en el cambio al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Es un recálculo de lo que fija la Ley de Contrato de Trabajo por un sistema más restrictivo. Limita la indemnización total a un máximo de 10 sueldos, sin importar la antigüedad del trabajador. Define, además, la mejor remuneración normal y habitual del último año sin contemplar aguinaldo o vacaciones, entre otros ítems, y con un tope de tres veces el promedio salarial del Contrato Colectivo respectivo.

El estudio estima que esos cambios afectarán a 937.500 trabajadores, con una pérdida promedio de 2.200.000 pesos anuales, lo que da un total de 2.06 billones de pesos

2 – Período de Prueba. Contemplado en la modificación del artículo 231 de la LCT, elimina el preaviso y habilita la desvinculación sin compensación. El informe calcula que impactará 1.500.000 trabajadores con una pérdida promedio anual de 550.000 pesos. Esto da una transferencia del sector asalariado al empleador de 825.000 millones de pesos al año.

3 – Presunción Laboral. Establecida por el cambio del artículo 23 de la LCT, elimina la presunción si hay factura. Y con ello, señala, «facilita fraude laboral mediante falsas contrataciones como autónomos». En este caso, impacta en 800.000 trabajadores con una pérdida promedio anual de 3.520.000 pesos. La transferencia por este ítems es entonces de 2.82 billones de pesos al año.

4 – Solidaridad en Tercerización. Lo propone la reforma del artículo 30. Limita responsabilidad solidaria a la vez que aumenta la incobrabilidad por parte del trabajador. Afecta, de acuerdo a al estimación, a 600.000 asalariados, con una pérdida promedio de 2.640.000 pesos al año. El total da 1.58 billones de pesos.

5 – Empresas Relacionadas. Según el retoque al artículo 31, la solidaridad entre empresas de un grupo solo se contempla si hay maniobras fraudulentas probadas. Compromete a 400.000 trabajadores con una pérdida promedio de 3.080.000 pesos, lo que da un total de 1.23 billones de pesos anual de transferencia.

6 – Doble Indemnización . Está en el artículo 246 (LCT) y se cambió para eliminar el agravamiento. El despido sin causa pasa del doble a simple, igualándolo con regularización. Con 625.000 trabajadores afectados (pérdida promedio de 3.080.000 pesos), implica una transferencia de 1.93 billones de pesos anual.

7 – Prueba Documental Patronal. La modificación del artículo 55 de la LCT establece el libro especial del empleador como prueba privilegiada. Invierte la carga probatoria en perjuicio del trabajador. Afecta a 1.500.000 (pérdida promedio de 660.000 pesos) por un total anual de 990.000 millones de pesos al año.

8 – Banco de Horas. Por la modificación del artículo 197 bis de la LCT, compensa exceso de las 8 horas diarias con francos en lugar del plus (entre 50 y 100% por horas extras). Involucra a 3.750.000 trabajadores con una pérdida promedio estimada de 660.000 pesos. Esto da una transferencia anual de 2.48 billones de pesos.

9 – Base de Cálculo Reducida. Otra vez por el cambio al artículo 245, excluye aguinaldo y conceptos no mensuales. Reduce entre el 15 y el 20% la base de cálculo de la indemnización. Con una pérdida calculada promedio de 748.000 pesos en 3.125.000 trabajadores, la transferencia a las empresas suma 2.34 billones de pesos anuales.

10 – Reducción por Incapacidad. El artículo 212 se modifica para permitir reducir salario y jornada por incapacidad parcial con una pérdida de hasta 40% en la remuneración. Impacta en 750.000 asalariados. Implica una transferencia anual de 1.24 billones de pesos (promedio individual estimado de 1.650.000 pesos).

11 – Vacaciones Fraccionadas. Por la reformulación del artículo 154, permite fraccionarlas en períodos de 7 días, con lo que afecta la calidad del descanso y la desconexión laboral, además de sumar imprevisibilidad para diseñar ocio o tareas de cuidado. Aquí, la transferencia anual calculada es de 343.750 millones (12.500.000 trabajadores con pérdida promedio de 27.500 pesos).

12 – Costas Limitadas en juicios laborales. Modifica el artículo 277 de la LCT. Permite a las PyMEs pagar sentencias en hasta 12 cuotas ajustadas por inflación, con un límite del 25% en las costas sobre el monto de la sentencia. Esto reduce la calidad de representación disponible de abogados. la estimación es que afecta a 1.500.000 asalariados y suma una transferencia de 1.24 billones anuales (825.000 pesos de pérdida promedio individual).

Los colectivos más afectados

El estudio focaliza que las mujeres y disidencias se ven particularmente afectadas por la eliminación de presunción laboral y la modificación de las indemnizaciones, que las expone al fraude laboral. El fraccionamiento de vacaciones, a la vez, impacta en quienes sostienen tareas de cuidado.

A los trabajadores racializados y migrantes, en general con empleos tercerizados, la limitación de solidaridad los deja sin respaldo. La eliminación del preaviso facilita su rotación sin costos empresarios.

Las personas con discapacidad, por el artículo 212 que permite reducir salarios por «incapacidad parcial», quedan expuestas a discriminación salarial. Pierden hasta 40% sin compensación.

Los trabajadores mayores de 45 años, por el tope indemnizatorio que castiga la antigüedad, verán reducida hasta la mitad las compensaciones. Este ítem, además, aumenta la dificultad para su reinserción laboral.

En las economías regionales, las barreras de acceso a la Justicia (pluspetición, topes a honorarios) hacen imposible reclamar derechos. Es, señala el trabajo, un «efecto silenciador».

A los trabajadores tercerizados, la eliminación de la presunción laboral y solidaridad les incrementa la desprotección legal, porque las empresas se desentienden de sus responsabilidades.

¿Se puede compensar la transferencia con creación de empleo?

Aunque en un primer momento los voceros oficiales argumentaron que el proyecto de reforma promovería la creación de empleos, poco después el asesor clave del Gobierno de Javier Milei en material laboral, el abogado Julián de Diego, aclaró que ese no es el objetivo. Por el contrario, admitió que apunta a abaratar costos y flexibilizar el mercado. Incluso, coincidió con especialistas opositores en que solo el crecimiento económico sostenible generará más puestos de trabajo. Un horizonte, en el actual contexto, poco probable.

Aún así, el trabajo que firma Leandro Monk explora el escenario de un aumento de empleo para responder a la pregunta de cuántos puestos laborales deberían sumarse para compensar la transferencia global de ingresos de empleados a empresas.

Si los nuevos puestos fueran todos a salario mínimo, debería haber 6.600.000 más. Es decir, un aumento del 53%. En caso de que sean con salario promedio, se necesitarían 2.200.000, lo que representa una suba del 18%.

Esos horizontes, con todo, distan de sintonizar con la coyuntura e incluso con una hipótesis optimista de punto de inflexión.

En el mejor de los mundos posibles, el de creación de empleos con salarios promedio, haría falta un salto del 18%, que contrasta con el 2.5% promedio histórico, lejos a su vez de la retracción actual. Es decir, se tendría que multiplica por más de 7 la media de los últimos años.