Será por decreto y hasta el 28 de febrero, un día antes del comienzo formal del año legislativo. El Ejecutivo se empeña en no cumplir con la ley que vetó, le ratificaron ambas cámaras, no cumplió y apeló una orden judicial para ponerla en vigencia. El Presupuesto 2026, además, instala un fuerte recorte de fondos para las casas de estudios superiores
Luego del contundente triunfo de la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno nacional extendió las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el sábado 28 de febrero. Y sumó un tema sensible: enviará una nueva Ley de Financiamiento Universitario para reemplazar a la que el presidente Javier Milei vetó, los legisladores ratificaron, el Ejecutivo no puso en vigencia, la justicia ordenó cumplir y la Casa Rosada apeló.
Las versiones apuntan a que el decreto para la prórroga será firmado la noche de este viernes y se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial. El eje es una nueva norma para las casas estudios superiores, empeñado el Ejecutivo en no cumplir la que salió del Legislativo.
Había indicios de que el Gobierno haría esa jugada con un Congreso que ahora le es, como quedó demostrado en las recientes recientes victorias legislativas que incluyen el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo UE-Mercosur en Diputados. Dos recintos que le son ampliamente favorable a la Casa Rosada cualquiera sea el contenido de los proyectos que envíe.
Otra señal fueron las reuniones entre la Secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales). Trascendieron esos encuentros, pero casi sin información sobre lo conversado.
Del convite cursado por el titular del área, Carlos Torrendell, participaron el presidente del CIN (los mandatos son rotativos), Carlos Greco, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci, quien hoy ejerce como vice en el órgano universitario. También se sentó a esa mesa Alejandro Álvarez, el controvertido subsecretario de Políticas Universitarias.
La propuesta oficial es un mecanismo que atienda las demandas de previsibilidad presupuestaria para este 2026 que reclaman las universidades mediante un nuevo esquema de financiamiento. Y, si es aceptado, enviar el proyecto para reemplazar a la ley rechazada por los libertarios porque fija criterios más o menos inmunes al humor del Ejecutivo y actualizaciones automáticas de fondos tanto para funcionamiento general como para salarios.
La inclusión del financiamiento universitario en las extraordinarias extendidas se produce después de que el Gobierno apelara ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la decisión del juez Martín Cormick, quien dio lugar a una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar las partidas previstas en la ley sancionada por el Congreso.
Esta norma fue vetada por Milei, pero el Parlamento la ratificó con más de dos tercios en ambas Cámaras en una de las pocas expresiones de autonomía del cuerpo.
La tozudez oficial en el desfinanciamiento de los estudios superiores, lo mismo que al sistema de Ciencia y Técnica, no derivo solo en un aumento de tensión con los opositores (algunos). Se desplegó en la calle: masivas movilizaciones en defensa de la educación pública y gratuita que golpearon en un principio al Ejecutivo, aunque luego su impacto y adhesiones decayeron.
La saga tuvo un nuevo jalón luego de las elecciones legislativas sorpresivamente favorables a La Libertad Avanza. El Congreso tumbó el polémico capítulo 11 del Presupuesto 2026 –norma que resultó aprobada en general– por el cual quedaba derogaba la ley de financiamiento universitario que, ahora, Milei pretende reemplazar y que, por lo demás, nunca cumplió.
Igual, el Presupuesto 2026 fija una reducción relevante en la ya reducida inversión pública para universidades. Para las instituciones de educación superior asigna partidas apenas por un 0,4% del PBI. es el porcentaje más bajo en varias décadas. Y una caída del 47% respecto a 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La misma fuente calculó en el 76% la retracción en el monto para becas y transferencias a estudiantes.
Si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votada en el recinto, en Casa Rosada se valen de antecedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto.
Trascendió que mediante ese mismo instrumento se extenderán las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero para avanzar con la sanción del cronograma antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el día siguiente: el 1° de marzo. Además, dará cumplimiento a la norma que establece la necesidad de que pasen al menos 10 días para sacar dictamen.
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