Apablaza sigue en libertad

Hasta que se resuelva el reclamo de extradición elevado por Chile, y pese al pedido de extradición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez federal Claudio Bonadío rechazó ayer el pedido de detención del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra. El juez chileno a cargo de la causa, Mario Carroza, no descartó la posibilidad de viajar a la Argentina para interrogarlo, a raíz de la acusación que pesa en Chile por haber participado del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, y del secuestro del editor del diario El Mercurio, Cristian Edwards del Río.

Bonadío rechazó el pedido de detención de Apablaza, formulado por los juristas que representan a Chile, a la espera de la decisión de la Comisión Nacional para Refugiados (Conare), encargada de definir la solicitud de refugio en el país.

Bonadío es el magistrado que en 2005 encabezó el juicio de extradición, donde falló a favor del rechazo al planteo trasandino para juzgar a Apablaza, por considerar que en Chile no había garantías para enjuiciar al ex guerrillero.

El canciller Héctor Timerman, en tanto, intervino en la discusión y afirmó que la posible extradición de Apablaza Guerra “es un tema que requiere cierta serenidad para ser analizado” y acusó a algunos medios de “enturbiar las relaciones entre Chile y la Argentina”, además de querer “dañar una de las políticas más exitosas de este gobierno que es la de la protección de los derechos humanos”.

Por otro lado, los miembros argentinos de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) solicitaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que resuelva de manera favorable el pedido de asilo elevado por Apablaza Guerra, en vista de que “está acusado de un crimen que no cometió y sin garantías de un proceso imparcial en su país”.

La AAJ, con la firma del titular Beinusz Szmukler, considera que “el peligro que existe en Chile” es sobre su seguridad jurídica, “tal como lo evidencia el encarcelamiento por aplicación de la «ley antiterrorista» a decenas de mapuches”.

“El propio presidente (Sebastián) Piñera ha reconocido la necesidad de modificar esa legislación para eliminar las restricciones a la defensa y el sometimiento de civiles a tribunales militares, que aún mantiene en su país”, argumenta la Asociación Americana de Juristas.

Apablaza vive en una quinta del partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, con su esposa y tres hijos, todos argentinos. El miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue detenido en el país en 2004, pero quedó en libertad meses más tarde, ocasión en que pidió asilo político.

Denuncian al gobierno y a la Corte

La Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos y el abogado constitucionalista Edurado Barcesat  presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respectivamente, para resolver la situación del ex guerrillero.

Según se informó en un comunicado, Apablaza está “acusado sin ningún tipo de pruebas” del homicidio del senador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Christian Edwards del Río, editor del diario chileno El Mercurio.

La semana pasada, la Corte Suprema ordenó la extradición de Apablaza, pero el principal sospechoso del mencionado crimen pidió “asilo político” al gobierno nacional.

“La inesperada sentencia de la Corte Suprema de Justicia ha roto la inveterada tradición argentina del asilo político y quebranta la política de derechos humanos que ha sido sostenida por el Estado desde 2003”, explicaron.

En ese sentido, los firmantes apoyaron que se otorgue el refugio político desde el gobierno nacional a Apablaza, ya que la extradición sería –según consideraron– “una resolución absolutamente contraria a la tradición solidaria de la Argentina”.