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Apelarán el rechazo al planteo de citar a gobernantes entrerrianos a Rosario por los incendios

Un juez penal rosarino rechazó el pedido de un fiscal para que las autoridades del gobierno de Entre Ríos sean citadas a una audiencia judicial por las consecuencias del humo proveniente de los incendios en las islas del delta, aunque la decisión será apelada

Un juez penal de Rosario rechazó el pedido de un fiscal para que las autoridades del gobierno de Entre Ríos sean citadas a una audiencia judicial por las consecuencias del humo proveniente de los incendios en las islas del delta, aunque la decisión será apelada, informaron fuentes judiciales.

La fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, anunció este jueves que apelará la decisión del juez penal Nicolás Foppiani, quien ayer rechazó «in limine» el planteo del fiscal Luis Schiappa Pietra para citar a las autoridades entrerrianas.

El juez sostuvo en su resolución que el planteo «se relaciona con materia en la que resulta competente la Justicia Federal», y cita fallos anteriores en el mismo sentido.

Además, Foppiani indicó en sus argumentos que «la medida cautelar pretendida presenta una conexión evidente con el objeto de investigación de público conocimiento» llevado adelante por la fiscalía federal de la ciudad entrerriana de Victoria, donde existe una causa sobre los incendios intencionales en las islas del río Paraná.

Por último, el juez señaló que si existiera un responsabilidad penal «en cabeza de funcionarios públicos» de esa provincia, la competencia es «ajena a la estos estrados provinciales».

El fiscal Schiappa Pietra había solicitado convocar a una audiencia judicial al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y a otras autoridades para que «cese el estado antijurídico» que se desprende de los incendios en la zona de islas del sur de esa provincia, cuyo humo afecta a las poblaciones costeras de Santa Fe.

La Fiscal Regional de Rosario, Iribarren, adelantó hoy que apelará la resolución de Foppiani porque el planteo no estaba relacionado al delito ambiental, que es de competencia federal, sino al daño a la salud.

«La solicitud que se hizo el martes fue a partir de una instrucción que yo dicté para que se inicie una investigación más allá del delito ambiental, para investigar el daño que se estaba provocando de manera evidente y las omisiones que estaban permitiendo que esto ocurra», dijo Iribarren a Radio Dos de Rosario.

Se quejó porque «en una medida cautelar, el juez Fopiani hizo una interpretación aún sin haber escuchado los argumentos, porque la petición se hace por mail sin dar fundamentos».

La jefa de los fiscales rosarinos dijo que «el Código establece que eso se tiene que discutir en una audiencia oral y pública», y aclaró que «lo que se pretendía era citar a los presuntos responsables, el gobernador de Entre Ríos y su secretaría de Ambiente (Daniela García), para que den una explicación y ordenen las medidas que tienen que ordenar para que esto cese».

En ese contexto, Iribarren señaló que «se va a recurrir la medida» atento a que el juez «adelantó una opinión sin siquiera escuchar los argumentos que la fiscalía tenía».

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