La Municipalidad de Rosario aplicó dos faltas administrativas tras el siniestro vial vinculado a futbolistas profesionales. Como no se pudo identificar al conductor al momento del impacto, las multas recaen sobre el dueño del vehículo
La Municipalidad de Rosario formalizó la aplicación de dos multas administrativas vinculadas al siniestro vial ocurrido el pasado 21 de septiembre sobre la avenida Jorge Newbery, un episodio que tomó trascendencia pública por la presunta presencia en el lugar del futbolista de Rosario Central, Gastón Ávila. La resolución impone las sanciones económicas sobre Thiago Casal, jugador de 18 años perteneciente a Arsenal de Sarandí y titular registral de la camioneta Ford F-150 Raptor involucrada en el hecho.
El incidente tuvo lugar a la altura del cruce con la calle Alberto Paz, cuando el vehículo perdió el control, terminó sobre la vereda junto a la ciclovía e impactó de lleno contra una columna de alumbrado público. Si bien el episodio generó una fuerte repercusión por la gravedad de la maniobra, el caso no derivó en una causa penal debido a que no se registraron personas lesionadas ni se radicaron denuncias ante la Justicia.
A través del monitoreo municipal, las cámaras de seguridad lograron registrar la maniobra imprudente en la zona de Newbery y Circunvalación, pero ningún dispositivo del sector contaba con el ángulo o la nitidez necesarios para identificar fehacientemente a la persona que descendió de la camioneta tras la colisión. Aunque en su momento la defensa de Ávila sostuvo que al volante viajaba un amigo del jugador, nadie se presentó de manera formal ni pública para asumir la responsabilidad de la conducción.
Ante la imposibilidad de determinar la identidad de quien manejaba, el proceso concluyó en el ámbito administrativo con las penalidades dirigidas al titular de la unidad. Una de las actas labradas corresponde a la infracción por circular de manera sinuosa o imprudente, cuyo valor oscila entre los $68.000 y los $453.000. La segunda sanción atañe a los daños ocasionados en la infraestructura urbana por el derribo de la columna pública, con un rango punitorio que va de los $340.000 hasta los $4,3 millones.
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