Sigue el escozor: el reverendo Phelps “agradeció” al pistolero de Tucson.
El Capitolio de Arizona avanzaba ayer para aprobar una ley que prohíba manifestaciones a menos de 90 metros en los funerales de las víctimas del atentado de Tucson después de que el fanático reverendo Fred Phelps, de la Iglesia Baptista de Westboro, colgase en YouTube un vídeo en el que agradece los actos del pistolero. Siguiendo su demente lógica de que Estados Unidos está siendo castigado por permitir el aborto o las bodas gays –entre otros temas–, el religioso suele conducir a sus iluminados fieles –en su gran mayoría su propia y numerosa familia– hasta los entierros y funerales de soldados caídos en las guerras de Irak o Afganistán para manifestar que sus muertes son producto del enfado de Dios por contravenir sus leyes divinas.
El funeral por la pequeña de nueve años Christina Green, quien murió el sábado pasado en el tiroteo, está previsto para mañana por la tarde y los residentes de Tucson ya aseguraron que no van a permitir que nada ni nadie interrumpa la paz y el respeto que merecen el alma de Christina y los familiares de la víctima.
En tanto, Christin Gilmer forma parte del grupo llamado Angel Action, una pequeña organización que contrarresta las acciones de la Iglesia del reverendo Phelps. “Suelen ser 15 personas las que se manifiestan con mensajes muy gráficos e insultos muy graves”, explica Gilmer. “Nosotros solemos doblar a ese número de gente y bloquear con alas de ángel que se les vea”, añadió.
Angel Action intenta también bloquear los accesos a Facebook de los seguidores de Phelps con esa otra página”, finalizó.
Por su parte, la abogada de Jared Lee Loughner, el joven tirador de 22 años que enfrenta la pena capital por matar a 6 personas y dejar a la congresista demócrata Gabrielle Giffords entre la vida y la muerte, quiere que su cliente sea juzgado fuera de Arizona y mostró “preocupación” ante la imparcialidad de los jueces.
La abogada es Judy Clarke, acompañó anteayer a Loughner en su primera comparecencia ante el juez, y pretende que el caso sea trasladado a un magistrado de fuera de ese Estado puesto que una de las víctimas es el juez John M. Roll, del tribunal federal de Tucson. Loughner se enfrenta a cinco cargos: dos delitos federales de asesinato y tres cargos de intento de asesinato, incluido el de Giffords, por su ataque durante un acto de la congresista demócrata, cargos por los que la Fiscal de Tucson, Bárbara LaWall, pidió la pena de muerte.
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