No es la primera vez que Monseñor Mario Antonio Cargnello es noticia: religiosas del Convento San Bernardo, que pertenecen a la orden de las Carmelitas Descalzas, lo denunciaran por hechos de violencia de género que la Justicia dio por probados
Monseñor Mario Antonio Cargnello es el arzobispo de Salta. Tiene en su haber denuncias por maltratos y ahora un video lo expuso, a él y a inspectores de tránsito, en un episodio irregular: durante un control vial nocturno, admitió que no tenía el carné de conducir y que había tomado alcohol en una cena con amigos, pero a pesar de la confesión, lo dejaron seguir en su auto con apenas una tenue advertencia: «Por esta vez vaya monseñor», lo perdonaron los agentes
«Le agradezco. Enseguida tengo que ir a la misa, a las 8», respondió el sacerdote a la vista gorda de los inspectores, y continuó su viaje al volante sin documentación habilitante y en violación a al norma de tolerancia cero alcohol que rige en la ciudad norteña, como sucede en Rosario.
Respecto a la licencia para manejar, el arzobispo primero dijo: «No la traje». Y luego simuló buscarla en la guantera. Antes de que le hicieran el control de alcoholemia, reconoció ante la pregunta sobre ingesta alcohólica: «Tomé. Sí, fui a una cena. No puedo negar, qué quiere que le diga».
No es la primera vez que Cargnello sobresale en los medios o las redes sociales por temas ajenos a su estricto ministerio. Religiosas del Convento San Bernardo, que pertenecen a la orden de las Carmelitas Descalzas, lo denunciaran por hechos de violencia de género. Por eso, a principios de abril la jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos, ratificó la prohibición de acercamiento a las religiosas que ya pesaba sobre el arzobispo y dispuso que se someta a un tratamiento piscologico y se capacite en cuestiones de género.
Las Carmelitas Descalzas «han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica, por un lapso de más de 20 años», sostuvo la jueza en la resolución que también comprende al sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval, que también habían sido denunciados por las monjas.
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