Asentamiento de Puerto Norte: vecinos denuncian amenazas para frustrar un relevamiento nacional

Este miércoles se acercaron vecinos y vecinas del barrio “Islas Malvinas” a denunciar ante la dirección del Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación que, producto del accionar violento de un grupo de personas ajenas al barrio, no pudieron ser relevadas para acceder a los beneficios de la Ley Nacional de Barrios Populares.

Relataron que no es la primera vez que gente vinculada a abogados y empresarios actúa de esta manera. “Rajen ya de acá, sabemos quién los manda y los vamos a cagar a tiros”, fueron algunas de las amenazas vertidas por el grupo que huyó con armas de fuego en la mano cuando los vecinos llamaron a la policía. Este jueves se radicará la denuncia correspondiente en el Centro de Justicia Penal y se evaluará con los vecinos los pasos a seguir.

El histórico asentamiento ubicado sobre terrenos públicos y que viene siendo objeto de una disputa judicial desde hace tiempo, forma parte desde 2018 de la Ley Nacional 27.453 de Barrios Populares, identificado como el polígono “Refinería” (ID 1755). Dicha ley otorga derechos a sus habitantes a través del Certificado de Vivienda Familiar, un documento que (sin ser una escritura) vincula a las familias con el lugar donde viven y les da derechos posesorios.

El Estado Nacional viene realizando un relevamiento que censa familia por familia para poder emitir el certificado que les permite acceder a otros derechos como fijar domicilio, solicitar servicios públicos o tramitar el programa “Mi pieza” para realizar mejoras en sus viviendas, ahora que tienen derecho sobre el suelo. Para relevar y censar los 4416 barrios de todo el país el gobierno nacional firmó convenios con distintas organizaciones y el barrio Islas Malvinas fue asignado a la ONG Techo, de amplia trayectoria en temas de integración socio urbana.

Las relevadoras de Techo llegaron al barrio acompañadas por un grupo de militantes de Ciudad Futura con trabajo en la zona e identificadas con las pecheras de ANSES y las credenciales correspondientes, cuando un grupo empezó a hostigarlas y amenazarlas.

La visita había sido previamente acordada con un grupo de vecinos que se habían reunido en asamblea para organizar el censo, por lo que los vecinos sostienen que los matones fueron enviados de forma premeditada con el objetivo de impedirlo. “Acá nadie les va a contestar nada, tienen que rajar porque los vecinos ya le firmaron todo a los abogados, ustedes se tienen que ir ya”, manifestaban estas personas que seguían a las censistas que intentaban hacer su trabajo.

“No son del barrio y siempre hacen lo mismo, cada vez que alguien quiere venir a ayudar ellos los amenazan. Estamos cansados de esto”, manifestaron los vecinos que a pesar de que llamaron a la policía para que estas personas dejen de amenazar, no lograron evitar que se frustrara el censo.

“Queremos hacer la denuncia porque ya estamos hartos de esta situación, por culpa de estos violentos nosotros ahora no tenemos el Certificado de Vivienda Familiar. Nosotros queremos que el censo se haga”, aseguraron las vecinas que, por cuestiones de seguridad, reservaron su identidad.

«Desde el Centro de Acceso a la Justicia asumimos la implementación de la Ley de Barrios Populares como uno de los principales derechos a asegurar, por eso estamos interviniendo de manera decidida. No podemos dejar pasar estas situaciones, por lo que ya comunicamos al Ministerio de Justicia de la Nación las actuaciones para analizar los pasos a seguir. El nivel de impunidad y violencia con que se vulneran los derechos de los vecinos en Rosario es alarmante y tenemos que actuar rápido».