Por “orden directa” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los chicos que están percibiendo la Asignación Universal por Hijo pero van a clases en escuelas privadas “baratas” continuarán recibiendo el beneficio “hasta fin de año” aunque no se ajusten al decreto que lo creó, que establece como requisito cursar en la escuela pública. Con la medida vuelven a formar parte del plan al menos 6.000 chicos rosarinos –unos 12.000 en toda la provincia– que concurren a escuelas confesionales o sostenidas por Organizaciones No Gubermanentales o el Estado y que no forman parte de la currícula privada de elite, sino que tienen cuotas que van de 0 a 25 pesos. Así lo confirmaron durante la jornada de ayer, y desde bien temprano, el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández; el jefe nacional de la Ansés, Diego Bossio; el titular de la Ansés Rosario, Roberto Sukerman, y el jefe de la delegación de la zona norte de la ciudad, Fabio Gentili, cuyas oficinas habían sido ocupadas por militantes de la CCC en protesta por la pérdida del programa nacional de inclusión de familias que residen en el barrio Toba. Precisamente Gentili, recuperado del mal trago, anunció ayer, tras regresar de Buenos Aires, que desde este lunes la delegación de avenida Alberdi 651 ampliará el horario de atención de 13 a 17 horas para cuestiones relacionadas con la asignación universal.
Según trascendió, los casos “verificados” de alumnos que cobran el beneficio pero concurren a establecimientos provados suman 42.124 en todo el país. Y de ellos, solamente el 20 por ciento –8.146 chicos– van a escuelas con cuota cero, y resta determinar la situación de otros 39.264 chicos.
“Hay que aclarar que lo que va a hacer Ansés seguramente en conjunto con los ministerios de Educación de las provincias es un relevamiento y un estudio y un análisis de la situación de cada chico en cada escuela. Porque lo que sucedió es que nosotros nos encontramos con chicos que van a escuelas privadas y pagan altas cuotas y están siendo beneficiados con la asignación universal”, reveló ayer Sukerman. En ese marco, el funcionario remarcó que “el espíritu y la letra de la asignación universal nunca pretendió ser un subsidio para pagar la cuota de una escuela” y que por ello el decreto 1.602/2009 establece como requisito básico para percibir el beneficio –junto a la vacunación y a la atención sanitaria– la inserción en la educación pública.
“El inconveniente surgió por la ausencia de datos fidedignos y por la enorme asimetría e incompatibilidad de las bases de datos y sistemas tecnológicos que maneja Ansés frente a otras bases de datos, especialmente las educativas provinciales en lo que refiere a la gestión de establecimientos privados”, había explicado más temprano el titular de la Ansés nacional. Bossio agregó que desde ahora y hasta fin de año su área realizará “un estudio de campo riguroso y exhaustivo en cada una de las escuelas privadas inmersas en esta situación” para así analizar “caso por caso” y determinar si el beneficio está correctamente aplicado. Y mencionó que se detectó que 11.930 chicos cuyos padres perciben asignación universal “van a establecimientos privados que cobran una cuota superior a 100 pesos”.
En ese marco, los funcionarios recordaron que la asignación universal “tiene como beneficiarios a los niños y adolescentes que concurren a escuelas públicas, cuyos padres son trabajadores informales, desempleados, monotributistas sociales o del servicio doméstico, y que cumplen el plan de vacunación y los controles de salud”.
