De esta manera, se agravaría la acusación contra el vecino acusado de disparar contra los animales y la pena sería más extensa
Tras la denuncia por el caso del hombre que disparó contra un grupo de carpinchos en un barrio privado de Nordelta, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió que el episodio sea investigado también como un posible delito contra la fauna silvestre.
El organismo que conduce Guido Lorenzino exigió a la Justicia “otra imputación, más grave” por los hechos sucedidos en septiembre, cuando Sebastián Favre, un ex piloto de avión de 49 años que vive en el barrio privado junto a su esposa y sus dos hijos, que disparó con un arma a un grupo de animales.
La Defensoría solicitó que a la investigación por los delitos de maltrato y crueldad animal (Ley N° 14.346) que tramita la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, se incorpore el analice la eventual aplicación del artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.
El argumento planteado por la cartera bonaerense es que la Ley de Fauna contempla penas más duras por la captura y la comercialización de especies prohibidas.
En rigor, la condena prevista es de dos meses a dos años de prisión y hasta cinco años de inhabilitación especial. No obstante, en los supuestos agravados establecidos por la misma norma, la escala se eleva de cuatro meses a tres años de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.
De esta manera, desde la Defensoría entienden que el caso podría quedar alcanzado por la figura agravada, con una inhabilitación para el uso de armas de caza. No obstante, en el documento aclararon que se trataría de un delito excarcelable, aunque consideraron que una eventual sanción “resultaría ejemplificadora”.
Uno de los argumentos centrales del planteo es que no sería necesario comprobar que alguno de los disparos alcanzó a los carpinchos para analizar la conducta bajo la legislación de protección de la fauna silvestre.
En su planteo, la Defensoría sostiene además que el carpincho no está incluido entre las especies cuya caza se encuentra habilitada en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, está alcanzado por el régimen de protección de la fauna bonaerense.
Con esta medida, el Gobierno provincial busca que se investigue dónde se produjeron los disparos, ya que el Código Rural establece prohibiciones específicas para la caza en zonas urbanas o suburbanas y en lugares habitualmente concurridos por público.
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