El Gobierno habilitó a colegios y universidades privadas a realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones. Las entidades ya no deberán comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio
En medio de los fuertes aumentos de precios en combustibles, alimentos, prepagas y otros bienes y servicios esenciales, el Gobierno nacional habilitó a las entidades educativas privadas de todos los niveles a fijar el precio de sus aranceles mensuales sin límites.
Este lunes, el Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de 69 normas que, según el ultraderechista, «obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado».
Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.
La norma derogada decía que «la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos» y que la Secretaría, en ese marco, estaba encargada de la «implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor».
Ahora, a partir de la política de liberación de precios que implementa Javier Milei, los colegios y universidades privadas podrán realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.
Esta medida se toma a pocas semanas de que los colegios secundarios reciban a alumnos y alumnas que adeudan materias de ciclos anteriores y a casi un mes del inicio de clases.
La política de liberación de precios tiene un duro antecedente en la medicina prepaga, dado que las empresas dispusieron alzas de hasta 80% en apenas dos meses.
Si bien este es un mercado concentrado, e incluso los mismos actores admitieron que se pusieron de acuerdo para los incrementos, en el segmento educativo el escenario es más atomizado.
Sin embargo, el principal problema en este caso es que los alumnos ya fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.
Este lunes, el Gobierno dispuso -mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial- la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de «disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio».
«El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria», dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.
La Secretaría adelantó que estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas.
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