Los días 5 y 12 de agosto, en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, se desarrolló la audiencia preliminar contra Patricio Serjal y Gustavo Luzzini, acusados de delitos vinculados a encubrimiento y omisión en una grave causa ambiental que involucra a la empresa Petroquímica Bermúdez S.A
Los días 5 y 12 de agosto, en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, se desarrolló la audiencia preliminar contra Patricio Serjal y Gustavo Luzzini, acusados de delitos vinculados a encubrimiento y omisión en una grave causa ambiental que involucra a la empresa Petroquímica Bermúdez S.A.
La Fiscalía, representada por José Luis Caterina y Luis Schiappa Pietra, solicitó para Serjal -ex Fiscal Regional de Rosario- 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. En el caso de Luzzini -Fiscal de Estado Adjunto- requirió 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación.
El juez de Primera Instancia, Carlos Gazza, resolvió admitir la acusación en su totalidad, rechazar los planteos de prescripción y sobreseimiento presentados por las defensas, y disponer la continuidad del proceso dentro de los plazos previstos.
Según la acusación, Serjal incumplió sus deberes como Fiscal Regional al omitir perseguir penalmente un delito y encubrirlo. El 29 de febrero de 2019, instruyó a un fiscal de la Unidad Fiscal San Lorenzo para que aplicara un criterio de oportunidad y archivara una investigación penal sin habilitación legal, a pedido de representantes de la empresa y del propio Fiscal de Estado Adjunto.
La causa investigaba la contaminación del predio de la empresa sobre Ruta 11 km 325,5 (Diagonal Celulosa S/N), donde el suelo, agua y aire se encontraban envenenados y representaban un riesgo para la salud pública.
De acuerdo con los fiscales, la maniobra permitió a los directivos de la compañía eludir la acción penal y evitar las inversiones necesarias para reparar y relocalizar el pasivo ambiental.
Por su parte, a Luzzini se lo acusa de encubrimiento agravado y abuso de autoridad. En diciembre de 2018 solicitó junto a representantes de Petroquímica Bermúdez la aplicación de un principio de oportunidad, y en una audiencia realizada el 8 de marzo de 2019 ratificó ante el juez que el Estado no tenía interés en proseguir la causa penal.
La Fiscalía sostiene que Luzzini conocía el grave daño ambiental y, aun así, no informó al magistrado, contribuyendo así a que la empresa evadiera responsabilidades legales y continuara incumpliendo la normativa vigente.
Tras esta instancia, el proceso continuará con la fijación de fecha para el juicio oral, donde se evaluarán las pruebas y se resolverá la responsabilidad penal de los acusados.
Se trata de un caso emblemático en la provincia, ya que combina presuntos delitos de corrupción judicial con un impacto ambiental de alto riesgo para la población.
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