Autopista: Ciancio defendió la concesión en Diputados

Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe

Al ministro Antonio Ciancio los diputados del PJ lo tuvieron ayer contra las cuerdas, pero al final no hubo nocaut. El titular de la cartera de Aguas y Servicios Públicos había llegado a la Presidencia de la Cámara baja para explicar en qué términos se resolvió la contratación directa de la autopista Santa Fe-Rosario a favor de Consorcio Vial SA –una UTE formada por las firmas Edeca SA y Supercemento–; en las casi tres horas que duró el encuentro hubo acusaciones, chicanas y –en menor volumen de lo que esperaba la oposición– información sobre la actuación del Ejecutivo.

Ciancio también confirmó la prórroga del plazo para la presentación de ofertas de cara a la futura licitación de la autopista. La apertura de sobres, prevista para mañana, se hará el próximo 18 de agosto; hasta ayer se habían vendido cuatro pliegos, aunque el ministro se mostró confiado en que más empresas se interesen en la licitación.

La mayor parte de la reunión consistió en la defensa, por parte de Ciancio y del subsecretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano, de la decisión del gobierno de concesionar la autopista por seis meses sin licitación ni compulsa de precios. El argumento central: la urgencia con que debía resolverse el tema en vistas de la inminente salida del anterior prestador, Aufe SA. El ministro ratificó que hasta dos semanas antes del vencimiento de ese plazo estuvo negociando con la firma por la posible continuidad; las condiciones que le intentaron imponer –un nuevo aumento en el peaje y dejar de pagar canon– llevaron al Ejecutivo a dar por terminada la negociación.

Los diputados del PJ cuestionaron la proclamada “urgencia” que llevó a Ciancio a apelar a una figura que está incluida en la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado: la contratación directa. Según los legisladores opositores, si el gobierno sabía que el contrato con Aufe vencía en noviembre de 2009 –fue prorrogado dos veces desde esa fecha– entonces no hubo urgencia puesto que había tiempo para encarar una nueva licitación. Ciancio y Boggiano relataron, a manera de respuesta, las idas y vueltas de Aufe. Dijeron que la empresa primero dio señales de querer dejar el servicio pero luego viró y trató hasta último momento de quedarse.

El otro aspecto que ocupó buena parte de la reunión fue el anuncio que Ciancio hizo, también en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el 10 de marzo último: que el Estado se haría cargo de la autopista durante la transición entre la salida de Aufe y la nueva concesión. El ministro explicó los motivos por lo que eso finalmente no ocurrió: “Era una salida compleja. Íbamos a tener que pagar IVA e Ingresos Brutos y eso no es propio del Estado. Teníamos que hacernos cargo del personal y de todas las tareas del prestatario, como cortar el pasto, arreglar los baches y ejecutar las obras de mejora. Por eso pensamos que había que prorrogar con el vínculo con Aufe”.

A los diputados de la oposición no les conformó la respuesta. El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Luis Rubeo, se permitió incluso una ironía: “Para tapar baches y cortar los yuyos, con una recaudación de cuatro millones de pesos al mes, démela a mí a la autopista, que yo corto el pasto”, le dijo a Ciancio. El funcionario había dicho antes que, a la óptica de los legisladores, las cosas aparecen más sencillas que para los que están “en la trinchera”. La oposición a coro –reutemistas, obeidistas y kirchneristas– repudió esa frase de Ciancio; el reutemista Jorge Lagna infirió que el ministro los estaba acusando de “no trabajar”, a lo que Ciancio debió aclarar que no quiso decir tal cosa.

Pero, más allá de las chicanas, hubo otro punto que motivó un fuerte cruce de opiniones: la legalidad de lo actuado por el Ejecutivo. El ministro de Aguas y Servicios Públicos había llegado a la Legislatura con varias carpetas de documentos sobre el vínculo que entre 1994 y 2010 unió al Estado santafesino con Aufe SA. Pero entre esa documentación hubo “papeles” –expresión repetida un sinfín de veces por el obeidista Mario Lacava– que Ciancio no llevó: el expediente en el que constan los sucesivos pasos que dio el gobierno –la negociación con Aufe, la invitación a otras empresas para que presten el servicio, el contrato final con Consorcio Vial– y que, desde junio, está en estudio en el Tribunal de Cuentas.

Cuando el funcionario explicó que no llevaba encima ninguna copia de ese expediente –que aún no fue examinado por el órgano de control de la provincia– los diputados del PJ montaron en cólera. Lagna sugirió que, más allá de lo que resuelva el Tribunal de Cuentas, el tema debería ser analizado por la Justicia. Pero a esa amenaza no se plegaron el resto de los diputados opositores.