La Justicia autorizó contratos clave entre Algodonera Avellaneda y la nueva Vicentín que permitirán poner en marcha dos plantas en el norte argentino, con inversión inicial y foco en preservar la actividad y el empleo
En una decisión con fuerte impacto productivo y regional, el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista autorizó la implementación de contratos de fasón entre Algodonera Avellaneda —en concurso preventivo— y la nueva Vicentín, con el objetivo de reactivar plantas desmotadoras de algodón y sostener la continuidad operativa de la firma.
El acuerdo permitirá poner nuevamente en funcionamiento las instalaciones ubicadas en General Pinedo (Chaco) y Bandera (Santiago del Estero), con un volumen comprometido de procesamiento de hasta 60.000 toneladas anuales.
El esquema aprobado contempla además un financiamiento inicial de hasta 300.000 dólares destinado a capital de trabajo, incluyendo el pago de salarios adeudados, servicios esenciales y la puesta a punto de las plantas, en un contexto donde la empresa no cuenta con recursos propios para sostener su operación.
Desde el punto de vista operativo, el modelo de fasón implica que Vicentín aportará la materia prima —algodón en bruto— y asumirá los costos asociados al proceso productivo, como mano de obra, energía, insumos y mantenimiento, mientras que Algodonera Avellaneda utilizará su capacidad industrial para realizar el desmote.
En su resolución, el juez Fabián Lorenzini consideró que estos contratos constituyen una herramienta clave para garantizar la subsistencia de la empresa durante la campaña algodonera 2026, al señalar que, en las condiciones actuales, se trata prácticamente de “la única alternativa” para mantener la actividad productiva.
No obstante, la autorización judicial incluyó límites relevantes: se declararon inoponibles ciertas cláusulas que podían afectar a los acreedores, como la obligación de vender activos, la asignación automática de fondos provenientes de esas ventas o la opción de compra sobre instalaciones sin condiciones claras de mercado.
Asimismo, el tribunal ordenó un estricto seguimiento del acuerdo mediante informes periódicos de la sindicatura, con el objetivo de monitorear costos, ingresos y el estado de los activos, garantizando transparencia en un proceso atravesado por la crisis financiera de la compañía.
Desde la empresa, destacaron que el convenio permitirá reactivar una actividad clave para las economías regionales del norte del país, en un sector que atraviesa dificultades estructurales, y remarcaron el impacto positivo en la preservación del empleo y la cadena algodonera.
La resolución judicial marca así un paso relevante en el intento de recuperación de Algodonera Avellaneda, combinando inversión privada, control judicial y continuidad productiva como ejes para evitar una paralización definitiva.
Fuente: ON24
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