El Senado dio media sanción a la iniciativa por la cual se establece la obligación de hacer audiencias públicas en materia de modificaciones de las tarifas eléctricas en la provincia de Santa Fe. Buscan reducir el margen de discrecionalidad de la EPE.
En su última sesión, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley por la cual se establece la obligación de hacer audiencias públicas en materia de modificaciones tarifarias en la provincia de Santa Fe.
La iniciativa, presentada por el senador justicialista Rubén Pirola, apunta a “aportar y colaborar en forma positiva con propuestas que otorgan el status legal necesario para avanzar en soluciones y mejoras para el sistema de provisión de energía eléctrica y la defensa de los usuarios”
El proyecto de Pirola modifica la ley 10.014 (Estatuto Orgánico de la EPE) con el fin de reconocer “la obligación de las audiencias públicas en materia de modificaciones tarifarias”. Ahora el texto está en manos de la Cámara de Diputados, para su sanción definitiva.
Si se aprueba el proyecto, se modificará la ley 10.014 para establecer, a través de comisiones técnicas transitorias o permanentes, estudios, análisis e informes sobre las estructuras de costos y tarifas que permitan proponer y adoptar medidas para lograr mayor eficiencia y calidad de servicio a los usuarios y mejorar la distribución de los costos internos de distribución, con criterios de equidad.
Esas comisiones técnicas transitorias o permanentes deberán garantizar la mayor participación en el debate por las tarifas de los sectores de la sociedad, usuarios o asociaciones de usuarios, especialistas, entidades representativas de sectores productivos, universidades, institutos especializados o grupos de investigación afines a las temáticas de la energía y organismos públicos.
El mecanismo de audiencia pública en la provincia de Santa Fe para el sector de la energía eléctrica se encuentra regulado por el decreto 3209/2016. El senador Pirola argumentó que es conveniente modificar el Estatuto de la EPE “en cuanto estipula las atribuciones tarifarias de la empresa, fijando la audiencia pública como requisito previo ineludible en todos los casos y, además, derogando la facultad de modificar por sí la tarifa eléctrica”.
Según Pirola, con “los aumentos constantes y la quita de subsidios al precio mayorista a nivel nacional”, se hace necesario llevar adelante una política permanente de control, revisión y reducción de costos que permitan a los usuarios mantener un servicio adecuado y accesible, con “tarifas proporcionales, justas y razonables”.
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