Con el aval del oficialismo y la oposición, la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja avanzó con el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el Código Penal para penar con hasta 8 años de cárcel a los uniformados que abandonen sus funciones.
Este martes, el proyecto de modificación del Código Penal para poder sancionar a policías que abandonen sus funciones dio un paso fundamental al conseguir el aval del oficialismo y la oposición durante la reunión de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
De esta forma, el texto, que ya fue aprobado en la Cámara alta, quedó en condiciones de llegar al recinto, algo que podría suceder en la sesión prevista para este miércoles.
Según coincidieron legisladores del Frente para la Victoria, la UCR y la Coalición Cívica, el objetivo es enviar «un mensaje» a la sociedad y a las fuerzas de seguridad, para evitar que se repitan episodios como los ocurridos en diciembre del año pasado, cuando policías de todo el país iniciaron protestas y huelgas, lo que derivó en una ola de saqueos.
El proyecto, presentado en el Senado por el oficialista Aníbal Fernández, introduce modificaciones al artículo 252 del Código Penal, que contempla castigos para los funcionarios públicos que abandonen sus tareas y para los militares que desertan en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe.
La iniciativa agrega en las sanciones a los miembros de las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, que «abandonasen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiesen la prestación regular de su función».
Según establece la propuesta de Fernández, se castigará con una «pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos» si como consecuencia del abandono de las tareas se «produjeran daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros».
El proyecto quedó listo para ser llevado al recinto y tiene chances de ingresar este miércoles, en el caso de que se realice una sesión especial. De lo contrario, podría ser discutido por el pleno del cuerpo en los primeros días de diciembre.
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