La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe está analizando un proyecto de ley que propone imponer responsabilidades directas a los padres o tutores de alumnos que incurran en actos de acoso escolar. La iniciativa establece tanto multas de hasta $5,4 millones como tareas comunitarias dentro de los establecimientos educativos para los adultos responsables.
El proyecto, impulsado por una legisladora provincial, busca modificar la actual normativa sobre bullying para ampliar su alcance e incorporar sanciones a los adultos cuando no actúan ante conductas violentas o colaboran indirectamente con ellas. Además de la multa económica, la propuesta contempla la obligación de realizar trabajos comunitarios, participar en talleres de sensibilización y asumir un rol activo en la mediación del conflicto.
Dentro del esquema de intervención se incluye una “Ruta de Actuación Inmediata” que obliga a las escuelas a notificar a las familias y a la autoridad educativa cuando se detecte acoso escolar, activar profesionales de asistencia social o psicológica, y diseñar estrategias de mediación entre alumnos y adultos involucrados.
Quienes impulsan el proyecto sostienen que responsabilizar también al entorno familiar es clave para frenar la escalada del bullying en los colegios. Sin embargo, algunos sectores advierten que la medida plantea desafíos en su ejecución, especialmente en cuanto al seguimiento, la definición del monto de las multas y la capacidad de las escuelas para implementar las tareas comunitarias.