Luego de que el gremio judicial denunciara el intento de nombramiento de 195 empleados en distintos cargos para el Organismo de Investigaciones (OI), una especie de Policía Judicial que asistirá a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), derivó en que el titular del MPA, Jorge Blacini, diera marcha atrás con su resolución.
Fue después de que Baclini se reuniera con dirigentes del gremio de empleados judiciales de la provincia, que había cuestionado fuertemente la medida que aún estaba pendiente de aprobación, tanto de la Corte Suprema como del Poder Ejecutivo.
El encuentro fue convocado por el propio Baclini y contó con la participación del secretario General, Jorge Perlo; el secretario Ejecutivo, de Administración y Supervisión, Juan Pablo Langella; el prosecretario General, Alejandro Nucci y el prosecretario de Asuntos Gremiales, Cristian Bustamante.
Denuncian que al Ministerio Público de la Acusación entra gente «por la ventana»
En el marco de la reunión, llevada a cabo en la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe, y luego de un intercambio de opiniones, Baclini informó a los dirigentes gremiales que suspendió provisoriamente la Resolución número 23 de 2019 para la incorporación de Recursos Humanos al Organismo de Investigaciones.
Por otra parte, el Fiscal General y los dirigentes gremiales acordaron abrir una instancia de diálogo e intercambio para trabajar conjuntamente en la temática.
Este viernes, desde el gremio de Trabajadores Judiciales de Santa Fe dieron el alerta ante la información que surgió de la página web del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Resolución 0023/19, dictada por el fiscal General Jorge Baclini, a principios de febrero del presente año, que refiere a incorporación de personal al Área de investigaciones del Poder Judicial.
La resolución del MPA se distancia de las normas establecidas para incorporación de personal que “debe ser por concurso y con el ingreso al escalafón más bajo”, explicó Jorge Perlo, secretario general del sindicato judicial santafesino.
“El dictado de dicha resolución se aparta de las normas constitucionales que rigen el desenvolvimiento del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, por las cuales la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de proponer el nombramiento de funcionarios y empleados previo concurso, como cabeza del Poder Judicial y es responsable absoluto del manejo presupuestario asignado a este poder”, agregó en su explicación Perlo
Más adelante el gremialista explicó que “se han dictado acordadas”, que dispusieron que los Organismos del Nuevo Código Procesal Penal (Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa), deban armonizar los reglamentos dictados por ellos en concordancia con los vigentes de la Corte Suprema de Justicia. Y a su vez, la mismísima ley orgánica del Poder Judicial, prevé en su artículo 207 y siguientes y concordantes, que todos los empleados ingresarán por la categoría inferior del escalafón, sea administrativo, de mantenimiento, de producción y de servicios, creados o a crearse y que estos estarán automáticamente incorporados al escalafón de cargos respectivo.
“El Sindicato de Trabajadores Judiciales sigue trabajando en defensa de la carrera judicial con la utilización de los recursos legales a partir de una resolución que atenta contra los derechos y dignidad de los trabajadores y trabajadoras judiciales”, alertó Perlo.
