La Fiscalía describió que los gatilleros cobraron por el atentado contra la denunciante de corrupción policial. Un intermediario prófugo los habría contratado, mientras investigan si el móvil está vinculado a sus denuncias
A 15 días de que balearan el frente de la vivienda de Norma Acosta, la mujer que denunció hace tres meses un caso de corrupción policial, se conocieron algunos detalles de la investigación que tiene a dos adolescentes –uno menor de edad– detenidos como los autores. En la audiencia imputativa, el fiscal Pablo Socca describió que los gatilleros cobraron 200 mil pesos por el ataque, el cual fue ordenado por un intermediario que está prófugo mientras continúan con las medidas para encontrar al instigador y determinar el móvil.
De acuerdo a voceros del caso, en la acusación de Socca de este miércoles describió que pasadas las 9 del 7 de mayo último Nicolás R., de 18 años y Leonel, de 17, llegaron en una bicicleta y gatillaron cinco veces contra la fachada de la casa de pasaje Larguía al 3400.
En ese sentido, precisó que Nicolás R. era quien llevaba a Leonel, el cual fue el tirador. Además, especificó que en base a las declaraciones recolectadas por los pesquisas, la dupla cobró 200 mil pesos para cometer el ataque.
Luego concretar la balacera, el adolescente corrió por cuatro cuadras hasta ser detenido por un policía en Alem y Biedma.
En tanto, Nicolás huyó en dirección a Ayolas y 1° de Mayo y fue apresado a una docena de cuadras, en una vivienda de Convención al 3600. El operativo estuvo a cargo del personal de Asuntos Internos.
Fuentes del caso precisaron que en ese mismo lugar lo había buscado momentos antes personal de Comando Radioeléctrico debido a que les llegó “una información de calle” pero tuvieron resultado negativo.
Norma Acosta, víctima y propietaria de la vivienda, contó ante medios de comunicación, que salvó su vida de milagro, ya que abrió la puerta pero al encontrarse con los atacantes alcanzó a cerrarla y refugiarse.
En la audiencia se conoció que los sospechosos recibieron el encargo de un tal Monta, quien está identificado pero prófugo. Según la Fiscalía, el rol de Monta fue de intermediario, ya que aún continúan las investigaciones para establecer quién instigó el ataque.
En su acusación, Socca determinó que Monta fue quien contactó a Nicolás y le ofreció 200 mil pesos para cometer la balacera. En tanto, señaló que fue Nicolás, quien tiene consumo problemáticos de sustancias, el que llamó al menor de edad para incluirlo en el plan.
Las medidas apuntan a recolectar información para determinar el móvil del atentado armado. Entre las hipótesis, los pesquisas no descartan que la motivación esté relacionada con la publicación que hizo la víctima por redes sociales en la que denunció con nombres y apellidos detalles de una posterior causa sobre una caja negra de jefes policiales financiada, según su denuncia, con dinero del narcomenudeo y fondos destinados al combustible de los patrulleros.
Vale recordar que dos días antes de este último ataque armado se conoció una causa relacionada a estos hechos de corrupción que terminó con cuatro civiles y 13 policías de la Unidad Regional II de Rosario imputados.
El fiscal Socca imputó al adolescente, de 18 años, como coautor de los delitos de abuso de armas, agravado por la participación de un menor de edad y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.
En tanto, Leonel, quedó a disposición de la Justicia de Menores por ser menor de edad.
La jueza Eleonora Verón presidió la audiencia y dictó un cuarto intermedio hasta este jueves donde se conocerá su resolución sobre la prisión preventiva efectiva solicitada por el fiscal para Nicolás R.
A su vez, del expediente trascendió que la Fiscalía solicitó la formación de causa a la víctima por falso testimonio. Una de las causales de esto se atribuyó que fue porque dijo que los agresores se movilizaban en un auto siendo que estaban en bicicleta.
Además, los investigadores llevaron adelante un allanamiento en el domicilio de Acosta en el que secuestraron tres celulares.
Norma Acosta ha sido protagonista de múltiples denuncias en la última década, desde la muerte de su pareja Miguel “Japo” Saboldi en el penal policial de avenida Francia al 5200, pasando por su detención y posterior condena por comercialización de drogas, que ella insiste le plantaron. La mujer también hizo denuncias públicas a bandas narcos como la liderada por Luis “Pollo” Bassi.
En los años siguientes su padre Aldo y su hermano, quien llevaba el mismo nombre, fueron asesinados.
Además, el penúltimo atentado que sufrió fue el 29 de marzo de 2018 en el que también dispararon cinco veces contra el frente de su casa de la zona sur.
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