La situación financiera a la que el gobierno de Javier Milei llevó al organismo creado a partir de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo podría ser un freno en la investigación para dar con personas que fueron apropiadas
“No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, dice la nota que la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Mariana Herrera Piñero, envió el viernes último a tribunales y juzgados federales donde llevan adelante causas de lesa humanidad.
Así, la situación presupuestaria a la que el gobierno de Javier Milei llevó al organismo creado a partir de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo podría ser un freno en la investigación para dar con personas que fueron apropiadas.
El asunto del mensaje enviado a sedes judiciales se titula “situación presupuestaria crítica del BNDG y su impacto en el cumplimiento de mandas judiciales”.
La periodista especializada en Derechos Humanos Luciana Bertoia detalló en Página 12 que la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), dirigida por el fiscal Pablo Parenti, ya hizo presentaciones por este tema en los tribunales. También, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira.
“El correcto funcionamiento del BNDG es una condición necesaria para que los casos de apropiación de niños en contexto de terrorismo estatal comprendidos en el objeto procesal de esta causa puedan ser resueltos; y, en consecuencia, se descubra la verdad, se restituyan las identidades, se sancione a los responsables y se compruebe la extensión de los daños provocados y se los repare”, dice el escrito que ingresó en las últimas horas en los juzgados federales a cargo de Ernesto Kreplak y Alejo Ramos Padilla.
En marzo, Tiempo Argentino publicaba que desde la asunción de Milei, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sufrió un recorte del 57,3% en términos reales. El ajuste fue una constante: 35,1% en 2024, 30,1% en 2025, y este año el presupuesto vigente se deteriora un 5,8%.
Los datos provenían del informe publicado por el grupo Economía, Política y Ciencia (EPC, perteneciente al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación). “El ajuste se ejecutó con fuerza en los gastos de funcionamiento (bienes de capital y de consumo), que caen un 65,8% en tres años, y en la masa salarial, que cae un 46% desde 2023”, detallaba el documento.
El cuanto a la dotación de personal del BNDG, cayó “continuamente hasta perder un 34,0% entre dic-23 y dic-25”. El organismo es el tercero entre los más afectados por la pérdida de puestos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Este brusco recorte se traduce en que haya dificultad para sostener tareas básicas para el funcionamiento, como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio.
“Sin vigilancia ni mantenimiento del edificio, se pone en riesgo la cadena de custodia y la preservación de toda la documentación con la que cuenta el BNDG. De esta forma, podrían verse afectadas las muestras biológicas que tiene la institución para determinar si una persona es hija de desaparecidos. Entre otras, el BNDG almacena muestras de sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN secuestrados en distintos allanamientos”, enumeró Bertoia.
Incluso, la falta de presupuesto implica que no haya viáticos para que los expertos del BNDG viajen a tomar muestras a distintos puntos del país.
El ataque contra el BNDG no solo se dio a través del presupuesto. En mayo del año pasado el Decreto 351/2025, firmado por Milei, dispuso su reestructuración “con el fin de reducir el gasto público”. La medida implicó la “transformación BNDG, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros creado por la Ley 23.511, en organismo desconcentrado dependiente de la citada Secretaría”.
Esto lo convirtió en un blanco más del cientificidio del gobierno actual y cobra un peso simbólico extra en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976.
“Una decisión que pone en riesgo real la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas apropiadas que aún faltan encontrar. Cuesta no pensar que ese es, precisamente, el objetivo. Esto ya no es solo negacionismo. Es complicidad con quienes robaron bebés y aún hoy les niegan su verdadera identidad”, criticó por entonces el senador Eduardo Wado de Pedro, cuya madre –embarazada- fue asesinada en 1978 en un operativo de la dictadura conocido como la Masacre de la calle Belén.
El panorama no es nuevo, pero se agrava. Ya en su último informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación del Banco y por el impacto que el ajuste podría tener en la búsqueda de nietos y nietas.
Fuente: Tiempo Argentino
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