La concejala rosarina presentó un pedido de informes tras el secuestro de una bandera con la consigna “Las tierras no se venden, las tierras se defienden” durante el partido frente a Boca Juniors. Cuestiona la discrecionalidad policial y alerta sobre un avasallamiento a la libertad de expresión
La concejala de la ciudad de Rosario, Norma López, presentó un proyecto de pedido de informes ante el Concejo Municipal para que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe detalle el marco legal, los protocolos y los criterios aplicados en el operativo de seguridad del pasado domingo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
Durante los controles de ingreso al partido entre Newell’s y Boca Juniors, las fuerzas de seguridad retiraron y posteriormente secuestraron una bandera pacífica con la leyenda «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», en referencia al rechazo social frente a los intentos de derogación o flexibilización de la Ley de Tierras (Ley 26.737), norma clave para la defensa de la soberanía territorial y los recursos naturales.
Frente a las declaraciones del secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Angelini —quien justificó el accionar alegando que el mensaje «no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo»—, la edila justicialista denunció que se trata de un acto arbitrario que vulnera derechos fundamentales. «La manifestación pacífica de opiniones políticas forma parte de las garantías constitucionales y tiene una protección reforzada cuando se trata de expresiones críticas hacia decisiones de gobierno. La libertad de expresión no puede quedar librada a decisiones discrecionales ni convertirse en una forma de censura encubierta», aseveró López.
El episodio acontecido en el Coloso no representa un hecho aislado, sino que cobra un profundo significado en el marco del contexto político nacional actual. La bandera secuestrada se inserta en las vísperas de la marcha nacional convocada para este 6 de agosto al Congreso de la Nación —con réplicas y movilizaciones simultáneas en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe—, jornada en la que se busca expresar un contundente rechazo social a los proyectos parlamentarios y decretos que pretenden derogar o modificar sustancialmente la Ley de Tierras para liberar la venta de suelo argentino a capitales extranjeros.
Históricamente, las tribunas del fútbol argentino han funcionado como cajas de resonancia populares para canalizar debates sociopolíticos de escala nacional; pretender silenciar la expresión popular en una cancha de fútbol bajo el argumento del ‘orden deportivo’ busca invisibilizar el reclamo territorial e implementar una peligrosa persecución sobre las voces críticas en el espacio público.
«Si no hay delito, ni contravención, es una clara actitud que coarta la libertad de expresión. Nosotros creíamos que la Policía del Pensamiento estaba en los libros, pero es evidente que actúan contra derecho: tanto funcionarios como autoridades policiales. Si el Estado decide restringir un derecho garantizado por la Constitución, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad cuáles fueron sus fundamentos y cuál fue el marco legal utilizado», concluyó la concejala, a la espera de que el Gobierno provincial remita la documentación correspondiente y transparente los protocolos que rigen en los espectáculos masivos.
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