Barcesat: «asistimos a una caída institucional preocupante»

El abogado constitucionalista y profesor universitario Eduardo Barcesat brindó una charla en la Casa de la Corriente de Rosario donde abordó los ejes de lo que llama «El derrumbe institucional» a partir de los últimos mega decretos de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri. Fue acompañado por la legisladora nacional María de Los Angeles Sacnun, el diputado provincial Leandro Busatto y los concejales Norma López y Roberto Sukerman.

A sala llena, Barcesat indicó que “estamos asistiendo a un derrumbe institucional preocupante”, producto de los Decretos del presidente Macri lo que hace que se  “avasallen derechos”.

“Esto (por el derrumbe), comienza cuando el presidente intenta instalar en la Corte Suprema de Justicia a dos jueces sin pasar por el tamiz que determina nuestra constitución”, comentó el constitucionalista en referencia a los dos jueces que ingresaron a la Corte. Sólo el escándalo nacional e internacional y la presión de un sector de oposición impidió que estos magistrados ingresaran por  la ventana, lo hicieron por la puerta del patio. El otro “derrumbe institucional” infligido por el macrismo, provino de la mano del pago a los fondos buitres. El haberse acogido al reclamo de los buitres es decir, pagar el 100% de la deuda cuando el 92 por ciento de los acreedores se había avenido a una quita consensuada con el anterior gobierno, fue otro de los puntos señalados. Para Barcesat, Macri hizo caso omiso a leyes nacionales e internacionales en materia de pago de acreedores; fue una clara entrega de patrimonio y soberanía económica.

Barcesat opinó que “Desde el 9 de diciembre de 2015 estamos asistiendo a un derrumbe institucional, no hay otra forma de explicarlo. Por lo tanto creo que hay que llevar adelante los mecanismos de movilización necesarios para llegar al enjuiciamiento político de quien ejerce actualmente la presidencia de la nación. Tanto lo operado en los Panamá Papers, como la negociación espuria con los Fondos Buitres, y el arrogarse la facultad de modificar por decreto la mayor parte del andamiaje institucional argentino para evitar el control del Congreso, supera en perversidad todo lo que hayamos conocido en épocas de las dictaduras cívico-militares, salvo por supuesto la represión ilegal”.