Familiares, amigos y vecinos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, pidieron esta tarde que se reactive la causa por los asesinatos cometidos durante una protesta por otro caso de gatillo fácil.
En el cuarto aniversario del crimen de Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16), asesinados en medio de incidentes en Bariloche por policías aún no identificados, familiares y vecinos de la ciudad volvieron a marchar por el centro de la ciudad exigiendo justicia. Cárdenas y Carrasco fueron baleados en la tarde del 17 de junio de 2010, en medio de una refriega entre policías y jóvenes manifestantes que protestaban por la muerte de Diego Bonefoi (15), quien esa madrugada fue asesinado de un tiro en la nuca por el sargento Sergio Colombil, quien fue condenado a 20 años de prisión por el crimen.
Al igual que en años anteriores, los manifestantes recorrieron hoy unas veinte cuadras desde la zona de las muertes hasta el centro, y pintaron en el camino figuras alusivas a los tres jóvenes asesinados.
En el Centro Cívico -a donde asistió la intendenta María Eugenia Martini- actuaron artistas locales y leyeron un documento repudiando la impunidad y la represión policial.
En tanto, el juicio contra Colombil se procesó rápidamente, los casos de Cárdenas y Carrasco pasaron por diversas instancias que los fueron demorando, sin que hasta el momento haya procesados, pese a que las pericias oficiales demostraron que fueron policías los que dispararon contra los jóvenes, con armas reglamentarias.
Incluso identificaron a una veintena de uniformados, entre los que salieron los disparos contra los manifestantes: uno solo y letal ingresó por la espalda a Carrasco, hiriéndolo en el corazón, y otros cuatro en distintas partes del cuerpo de Cárdenas, el más grave de ellos le afectó la aorta.
La instrucción original recayó en el juez Martín Lozada, quien citó a prestar indagatoria a las máximas autoridades policiales y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy; pero ante recursos de la defensa de la policía la justicia lo apartó del caso.
Luego lo siguió Miguel Angel Gaimaro Pozzi, también apartado al citar a las autoridades, hasta que tomó el caso el juez Ricardo Calcagno, quien caratuló el caso como «homicidio en riña» y no dictó procesamientos.
Tras diversas actuaciones, la abogada querellante Marina Schiffrin, pidió a Calcagno nuevas medidas de prueba que el juez rechazó, y luego de la apelación la causa fue elevada el año pasado al Superior Tribunal de Justicia, donde se encuentra actualmente.
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