En el marco de la reinauguración de las bóvedas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el rector Franco Bartolacci también se refirió a la polémica instalada tras las declaraciones del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros que cursan en las universidades públicas. El titular de la casa de estudios rechazó esas cifras y sostuvo que el debate debe darse con información precisa.
«Cada tanto estamos con la misma discusión de datos que se comparten erróneamente o malintencionadamente», afirmó Bartolacci al móvil de Cadena 3 Rosario. En ese sentido, detalló que «los estudiantes totales extranjeros en la Universidad Nacional de Rosario están alrededor del 4%» y precisó que, si se considera únicamente a quienes no tienen residencia permanente ni se nacionalizaron en Argentina, «es solamente el 0,4%».
El rector agregó que, en el caso puntual de la carrera de Medicina, los estudiantes extranjeros sin residencia permanente representan «el 2,7%». Además, remarcó que la universidad no fija sus propias reglas, sino que actúa de acuerdo con la legislación nacional vigente.
«La universidad hace lo que la legislación vigente del país establece y dispone», sostuvo Bartolacci. Explicó que la Ley de Migraciones garantiza a quienes obtienen la residencia permanente «los mismos derechos en materia de salud y educación que a los nacionales», mientras que la Ley de Educación Superior establece expresamente que «ninguna universidad pública puede cobrar arancel, tasa o gravamen por las carreras de grado».
En ese marco, el rector aseguró que, si el Gobierno nacional pretende avanzar en una discusión sobre el cobro a estudiantes extranjeros, «lo que tiene que hacer es plantear modificaciones en la política migratoria y elevar modificaciones a las leyes, al Congreso de la Nación», tanto en la Ley de Migraciones como en la Ley de Educación Superior. También señaló que deben revisarse los acuerdos del Mercosur, que otorgan derechos específicos a los ciudadanos de los países miembros.
Finalmente, Bartolacci señaló que mientras ese debate legislativo no existe, «no vamos a seguir debatiendo un tema que cada tanto se vuelve a instalar en la agenda pública con números equivocados o malintencionadamente planteados». Y conclusiones que esas afirmaciones tienen como objetivo «desacreditar lo que sucede en la universidad» y que «no hay otra vocación».
